Ollé defiende que la propiedad ha ofrecido acuerdos a los inquilinos que negociaron directamente y critica a quienes, según él, instrumentalizan la vulnerabilidad. Tras recibir, según afirma, insultos y ataques, anuncia que probablemente venderá la finca, advirtiendo que el próximo propietario podría no tener el mismo interés en preservar el patrimonio ni en buscar soluciones.

En la carta dice que, "en los últimos días, mi nombre ha aparecido en más de un millar de publicaciones. A pesar de ello, tengo serias dudas de que esta carta reciba la misma difusión por parte de los medios. Quizás porque mi versión no encaja con el relato dominante, pero es importante situar el conflicto en su verdadero contexto".

"Quiero empezar agradeciendo", añade, "al Síndic de Greuges y al Ayuntamiento su intento –aunque quizás un poco tarde– de propiciar un diálogo para encontrar soluciones. Hace meses que lo buscábamos, pero mejor tarde que nunca. Lo que la mayoría de las publicaciones no explica es que todos los inquilinos que se dirigieron directamente a nosotros encontraron una solución. Por ejemplo, la Sra. Josefa (en paz descanse) renovó su contrato por 450 € mensuales, pero de esto no se habla. Tampoco se dice que otro vecino, después de haber sido pillado introduciendo okupas en la finca, recibió una renovación del contrato cuando su padre, avergonzado, intercedió por él".

En el escrito sostiene que "el Sr. Josep Torrent nunca quiso hablar con nosotros directamente. Siempre lo hizo a través de una plataforma que se hace llamar Sindicat de Llogateres. Ahora, después de más de tres años de confrontación, él ha conseguido ser el héroe y yo, según parece, el criminal. O mejor dicho, el buitre criminal, como le gusta denominarme a la portavoz de esta plataforma. Durante tres años, el edificio de Casa Orsola ha sido objeto de campañas de desprestigio, ocupaciones ilegales e incluso actos vandálicos que han dañado un patrimonio modernista que quise preservar. Las puertas rotas, las paredes pintadas y los espacios comunes abandonados no son símbolos de justicia social, sino de la incapacidad para conciliar derechos y deberes. ¿Este es el modelo de lucha que se quiere legitimar?".

"Me pregunto, Sr. Torrent, ¿qué valores transmite a sus alumnos cuando defiende huelgas de alquiler y ocupaciones, cuando justifica que no se pueda pagar más de 700 € por un ático con 60 metros de terraza en Consejo de Ciento con Calabria? U otro vecino, que impide que su hijo trabaje por no perder la condición de vulnerable, ¿sabe que mañana mismo podría tener un trabajo si quisiera? El esfuerzo y el trabajo son valores que tendrían que ser pilares fundamentales de nuestra sociedad, pero parece que cada vez tienen menos importancia. Se ha hablado mucho de vulnerabilidad, pero hay que diferenciar entre quien la sufre y quien la instrumentaliza. Otro vecino tampoco explica que le ofrecimos dos viviendas, una fuera y la otra dentro de Casa Orsola, y las rechazó. En los últimos días nos exigió un alquiler de 700 € sin subidas durante 7 años. En cambio, el Sr. Torrent, a pesar de presentarse como víctima, disfruta de una estabilidad con la que otros muchos inquilinos de Barcelona ni sueñan. ¿Es justo que él, desde esta posición, monopolice el relato de la pobreza mientras se desprecia el derecho a la propiedad responsable?", continúa.

Y añade: "El sábado volví al barrio donde crecí, la Ronda de Sant Pau, a ver al Síndic, allí donde mis padres me enseñaron estos valores que hoy veo pisados por una parte de la sociedad que prefiere señalar, criminalizar y exigir sin ninguna responsabilidad. Después de recibir todo tipo de insultos y ataques, supongo que finalmente acabaré vendiendo la finca. Paradójicamente, cuando esto pase, es posible que se encuentren con un auténtico buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en encontrar acuerdos. Yo, en cambio, solo quería mantener de forma sostenible un edificio modernista que forma parte de la historia de Barcelona. Sr. Torrent, no sé si mañana o la próxima semana dejará Casa Orsola, pero en su carta reciente culpaba al Sr. Collboni, al presidente Illa o al Sr. Sánchez de su situación. Quizás, en lugar de buscar culpables, tendría que reflexionar si su situación no es consecuencia de haber confiado en aquellos que prometieron miles de viviendas sociales y no construyeron casi ninguna, o de haber votado por quien impuso la obligación del 30% de protección oficial, paralizando así la construcción de nueva vivienda en Barcelona. Ahora todos pagamos las consecuencias. En una sociedad donde los valores fundamentales se diluyen, hay que preguntarnos: ¿quiénes son los verdaderos buitres?".