Una encuesta realizada por la revista "Trofeo" entre personas pertenecentes a distintos organismos y entidades revela el importante grado de disensión que existe al respecto.

Francisco Castañares, director de la Agencia de Medio Ambiente de Extremadura, insiste en argumentar que "si la gente del campo entiende que es rentable proteger las avutardas porque le ganan dinero a las tareas de protección, los interesados en su conservación habremos ganado definitivamente la batalla".

Castañares mantiene que la Administración debe seleccionar, con criterios estrictamente tcnico-científicos, los ejemplares que serán objeto de caza en cada territorio y temporada.

Esta opinión es compartida por José María Blanc, presidente de la Fundación Blanc, para quien la caza basada en criterios científicos promueve la conservación de las especies.

Sin embargo, Juan Carlos Alonso, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, advierte que "la experiencia ha demostrado que la caza ha acabado con algunas especies, mientras que no conozco a ninguna que sobrevivagracias a la caza".

Alonso afirma que los cazadores son en Europa una "respetable" minoría que debe "aprender a respetar los deseos de conservación y disfrute no cinegético de la mayoría" y argumenta que la caza de la avutarda sería un lujo de unos pocos que podrían pagar "el precio de su muerte".

También Juan Muanuel de Benito, subdirector de Espacios Naturales del Icona, es partidario de mantener la prohibición, ya que señala que el argumento de que la caza contribuye a la conservación de las epecies amenazadas "se ha demostrado tan mendaz como carente de fundamento científico".

DISPARIDAD ENTRE CAZADORES

La polémica resulta tan compleja que incluso en el seno de la Federación Española de Caza existen diferencias de criterio. Mientras su presidente, Manuel Andrade, cree que la caza basada en principios científicos contribuiría a la conservación de la avutarda, Antonio J. Lucio, del Gabinete Técnico de esta federación, cree que falta investigación de base para autorizar la caza.

SegúnAntonio J. Lucio, en la actualidad "nadie con un mínimo de rigor puede aducir que se tienen los suficientes elementos objetivos como para atribuir principios científicos a los intentos de conseguir una caza ordenada de la avutarda en ciertas zonas de España".

Conservacionistas de reconocido prestigio, como Jesús Garzón, promotor de la declaración de Monfragüe como parque nacional; Theo Oberhuber, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda), o Benigno Varillas so contrarios a la autorización de la caza de esta especie, mientras que José Antonio Valverde apoya las tesis de los que defienden la opción contraria.

Los científicos también mantienen posturas enfrentadas, como lo demuestra que Vicente Ena, investigador de la Universidad de León; Fernando Hiraldo, de la Estación Biológica de Doñana, y Juan Carlos Peral, ingeniero de Montes, apoyen el levantamiento de la prohibición, mientras Juan Carranza, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Cáceres; Franciso J. Purroy, catedrático de Biología Animal, y Sebastián J. Hidalgo, doctor en Ciencias Biológicas, defienden la postura contraria.

Respecto a la posibilidad de que la comunidad extremeña autorice la caza controlada de este ave, el abogado Jorge Bernad recuerda que debe ser el Estado español quien realice la solicitud, ya que la avutarda es una especie "estrictamente protegida" por el Convenio de Berna, ratificado por España en 1986.

Asimismo, la directiva de la CE sobre conservación de las aves ilvestres prohibe la caza de esta especie, por lo que España debería alegar, entre otras cuestiones, interés de la protección de la flora y fauna y de la salud y seguridad públicas para solicitar la autorización.