Según indicó la citada asociación en un comunicado, la mayoría de los padres que han objetado frente a Ciudadanía lo han hecho, no por sus contenidos, "sino por el planteamiento global" de la asignatura.

Y es que, continúa Profesionales por la Ética, el objeto de EpC, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros, es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral.

En definitiva, señala Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, "EpC vulnera de lleno el artículo 27.3 de la Constitución Española, según el cual los poderes públicos deben garantizar que la educación sea conforme a las convicciones morales y religiosas de los padres".

Según esta asociación, "a pesar de que la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española y por diversos tratados internacionales, padres objetores a EpC encontraron, durante el curso pasado, numerosos obstáculos" para ejercerla.

El primero de estos obstáculos, explicó Profesionales por la Ética, ha sido "la intransigente postura del Gobierno central, que ha amenazado sistemáticamente a los padres objetores ignorando sus derechos y despreciando las resoluciones judiciales que les dan la razón".