Según explicó el responsable de Industria, Josep Piqué, al término de la reunión ministerial, el modelo que se aplicará para las ventas, con carácter general, será el de la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones, "porque es el más transparente y el que ofrece un sistema más equitativo para los inversores".

Para el conjunto de activos inmuebles y de otro tipo que también están contemplados en el Plan, según el ministro, el criterio de Gobierno es proceder al método de la subasta, que también entienden transparente y contribuye a optimizar los ingresos por su venta.

No obstante, precisó, podrán darse excepciones en las que se venda directamente participaciones a grupos empresariales o financieros, y que no podrán llevarse a cabo sin dar antes las explicaciones correspondientes en el Parlamento, para cumplir con la transparencia que el Gobierno se ha impuesto en este proceso.

Además, el ministro explicó que las ventas tendrán, on carácter general, primas para los "trabajadores o colectivos interesados en la marcha de la empresa que se privatice", y por el contrario, se aplicará sobreprecio para los grupos financieros e industriales que estén interesados en la configuración de 'núcleos duros' estables en el accionariado".

También reconoció la existencia de un calendario provisional y de una previsión de ingresos, pero evitó hacerlos públicos por entender que ello lesionaría las estimaciones de caja del Gobierno y su objetivode obtener el mejor precio posible por cada venta.

No obstante, precisó que el conjunto de las empresas públicas y participaciones contempladas en el plan tienen un valor de entre 2,5 y 3 billones de pesetas, pero advirtió que ésa no es la cantidad que se espera ingresar por este proceso, ya que cada caso tendrá alteraciones en función de las circunstancias en que se haga la privatización.

Sí recalcó que los ingresos procedentes de estas enajenaciones se destinarán preferentemente a la reducción e la deuda del Estado para aliviar los gastos financieros de las arcas públicas y contribuir directamente a la reducción del déficit.

Los controles que el Gobierno se ha autoimpuesto en el proceso serán los correspondientes al Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y el Parlamento, a través de las Comisiones de Industria y de Economía, de las que dependen los dos ministerios privatizadores.

La polémica entre Economía e Industria sobre quién controlaba el proceso parece haber queddo en tablas, ya que, según Piqué, habrá dos sociedades que harán las veces de cartera de acciones y ventanilla de privatizaciones en cada departamento ministerial.

Las empresas que dependen de Economía se agruparán en la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPP), mientras que las que están en la órbita de Industria se agrupará en la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- ya creada hace un año y que absorberá al grupo Téneo, que desaparece.

Sí seguirá la Agencia Inustrial del Estado, también bajo la órbita de Piqué, que agrupará a las empresas que por diferentes motivos no será posible privatizar a lo largo de esta legislatura.

Estas empresas, las del grupo IV, son Hunosa, Santa Bárbara, Bazán y otras que por unos u otros motivos arrojan ua previsión de recursos del presupuesto publico hasta finales de la década de 1 billón de pesetas. De este dinero, según Industria, la mitad está comprometido, pero el otro 50% se intentará reducir, mediante aumentos en la efiiencia en la gestión de estas compañías.