En un comunicado, esta coordinadora denuncia la precaridad de la situación de los reclusos derivada del conflicto, que alcanza también a sus familiares y abogados, al impedir su acceso a las prisiones, y pone de manifiesto la desatención en que se está dejando a los presos.

"Entendemos que el legítimo derecho a la huelga de los funcionarios no puede nunca vulnerar derechos fundamentales d otras personas, como el derecho a la defensa jurídica, el contacto familiar y la promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones para que dichos derechos se respeten y sean reales y efectivos", añade.

Asimismo, critica la "estrategia de tensión" que se está llevando a cabo en los centros penitenciarios por parte de un sector de funcionarios de prisiones, propiciando el riesgo de motines, al tiempo que subraya que el problema de las prisiones no es la falta de personal, sino el excesivonúmero de presos.

La citada coordinadora responsabiliza de este aumento al nuevo Código Penal, que ha supuesto la criminalización de nuevas conductas que antes no estaban tipificadas como delito y el incremento de las penas con que se castigan y del tiempo de cumplimiento de las condenas, al suprimir la redención de pena por trabajo.

"Pedimos la revisión de las condenas y, en su caso, excarcelación de las presas y presos que se encuentran en situación legal, susceptible de la misma, y la consiguinte modificación del Código Penal", concluye.