Se trata de Albertino Figueiredo, fundador de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, presidente del consejo de administración de la citada sociedad; Carlos Figueiredo y Vicente Martín, consejeros de la empresa, y Francisco Guijarro, propietario de la sociedad que era la única proveedora de sellos de Afinsa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional sostiene que, contra estos cinco imputados,existen indicios racionales de criminalidad.

Asimismo, Pedraz sostiene en el auto que, "ante las penas previstas, que podrían sobrepasar ampliamente los seis años de prisión", existe un riesgo de fuga, agravado por "los vínculos económicos de los querellados con el exterior, la existencia de sociedades patrimoniales y las posibles salidas de fondos fuera de España".

Además del riesgo de fuga, el magistrado entiende también que, de quedar en libertad, estos imputados podrían tratar de obstruir la correcta administración de la justicia. "El riesgo de destrucción de pruebas es todavía muy alto", dice el juez.

Estos cinco imputados permanecerán a la espera de la práctica de una serie de diligencias, como la que previsiblemente se practicará el martes y que, según informaron fuentes jurídicas, consistirá en el registro de la sede de Afinsa.

En su resolución, el juez señala que, una vez practicadas las diligencias necesarias, se revisará de nuevo la medida cautelar acordada hoy, de modo que "no se prolongue nunca más allá de lo necesario".

INFORME "CONTUNDENTE"

El magistrado señala que, aunque los imputados han dado una "explicación coherente del negocio", lo cierto es que el informe de la Agencia Tributaria es "contundente".

Dicho informe concluye que Afinsa estaría en quiebra al tener un déficit patrimonial de 1.105.916,800 euros en el año 2004 y que ese agujero podría ser superior en 2005.

Para el juez, es "significativo" que ayer varios apoderados no determinados intentaran disponer de aproximadamente 1.500.000 euros depositados en unas cuentas de Oikia y Munimer, dos sociedades participadas por Afinsa al 100%.

Se trata de unas cuentas de las que el juzgado de Pedraz no tenía constancia y al parecer era para hacer frente a las fianzas de los detenidos, "cuando este juzgado no ha fijado fianza alguna".

Para Pedraz, también es "significativo" que a Guijarro le hayan ocupado 10 millones de euros que, según su declaración, "fueron satisfechos por Afinsa por los sellos que les vendía en el periodo entre 1998 y 2003".

"Si con los datos que obran en el informe de la Agencia el citado habría vendido a Afinsa sellos por importe de 57.884.084 euros, resultaría que si Afinsa compraba los sellos al 8% del valor que luego fijaba al cliente, la conclusión es que el señor Guijarro los adquiriría al 2%", dice el auto.

Según el juez, esto implica que hubo una sobrevaloración de los sellos, lo que supone un presunto delito de estafa imputado a Guijarro, quien también ha reconocido su participación en un presunto delito la Hacienda Pública.

RAZONABLES SOSPECHAS

Para el magistrado, en este caso existen "unas razonables sospechas de responsabilidad criminal" y añade que los querellados, "por su máxima o altísima responsabilidad en la empresa, asumen la responsabilidad en la conducta defraudatoria" denunciada por la Fiscalía Anticorrupción.

Este caso nace a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra responsables de Afinsa por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa, administración desleal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, según un auto notificado esta tarde.

Por otra parte, fuentes jurídicas añadieron también que, en el día de hoy, el juez Santiago Pedraz ha nombrado también un administrador judicial para Afinsa, aunque no han trascendido más detalles.