Rodríguez Arribas, para quien "no se deben modificar en una ley nueva leyes que son diferentes", esta reforma supone una restricción de facultades para el juez de instrucción, en beneficio de las partes acusadoras del proceso, sobre todo del fiscal, que generalmente es el único miembro acusador.

Explicó que como el fiscal está inevitablemete vinculado al Gobierno en el sistema actual, "se ha abierto la puerta a que la prisión preventiva sea una cosa que en el fondo no decidan los jueces, sino que se decida en otro ámbito".

Para Rodríguez Arribas, éste "peligrosísimo e inconveniente" aspecto puede ser incluso inconstitucional, ya que la Constitución española confiere a los jueces la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Señaló que es inevitable pensar que esta nueva fórmula judicial se ha introducido en relación con los últimoscasos de corrupción y encarcelamientos dictados y agregó que la modificación puede tener consecuencias muy importantes y negativas para la Justicia en España, ya que "se trata de limitar las facultades del juez de instrucción".

Rodríguez Arribas lamentó que se haya aprovechado el proyecto de Ley del Jurado para modificar dos artículos de otra ley, lo que, a su juicio, es "una mala técnica legislativa que produce consecuencias negativas".

"Si se quiere modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ongámonos manos a la obra y que los legisladores la mofifiquen", dijo. "Pero lo que no se puede hacer es aprovechar la Ley del Jurado para modificar una ley tan importante y tan trascendental como es la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

INDEPENDENCIA DEL FISCAL

Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, manifestó a Servimedia que, aunque está de acuerdo con el proyecto de Ley del Jurado en general, critica abiertamente que se regule dentro de ella un nuevo modelo de insrucción.

"Parece que se quiere cambiar la perspectiva de la instrucción, darle determinadas iniciativas de la fase de la investigación a la acusaciones, al fiscal, en detrimento del juez", dijo Alonso, para quien antes habría que otorgarle al fiscal "la independencia que ahora no tiene".

Sin embargo, respecto a la prisión preventiva, cuyo nuevo modelo, según Alonso, debe diseñarse para que sea aplicado a todo el mundo, explicó que hay que distinguir entre quién la solicita y quién la decide.

"Estamos de acuerdo con que el juez no tenga la iniciativa, porque eso favorece su imparcialidad, sino que sea otro quien la solicite y el juez quien decida", dijo. "Con lo que no estamos de acuerdo es con que ésto se aplique sólo a unos delitos, a los que van en la Ley del Jurado, y por tanto a un tipo determinado de delincuentes. Se tiene que aplicar igual para todo el mundo".

Sobre la parte que ha de solicitar la prisión preventiva, Alonso agregó que "puede ser peligroso" que quien la pide sea el fscal si antes no se le da "un estatuto real de independencia".

Respecto a si estas modificaciones van en detrimento de las facultades instructoras de los jueces, Alonso señaló que quien sostienen esta tesis incurre en un "error del enfoque", ya que "la justicia es un patrimonio de los ciudadanos", no de los jueces.

"Cuando se habla de la fase de instrucción, se tiene que hablar de lo que conviene a los ciudadanos, no de lo que conviene a los jueces", dijo. "Y a los ciudadanos les conviene que losjueces no tengan determinadas iniciativas, como la que se refiere a la prisión preventiva".

Señaló que lo que no es de recibo es que esta iniciativa se plantee en un momento en que la prisión preventiva afecta a determinadas personalidades del mundo político y financiero, "olvidando a los miles y miles de pobres desgraciados" sobre los que recae esta medida y de los que nadie se ha preocupado.