El caso del municipio costero de Calvià (Mallorca) es peculiar, por cuanto se convirtió desde hace año y medio en el primero en establecer medidas sancionadoras contra la prostitución en sus calles y ya son varias las sentencias favorables que se han fallado tras las denuncias practicadas en su día por la Policía Local.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido la impulsora principal de la llamada Ordenanza de Actuaciones en Lugares Públicos, aún en proceso de aprobación definitiva, en cuyo artículo 4 se establecen referencias a la prostitución.

Así, la futura ordenanza en la capital del Turia establece que "será sancionable la promoción, favorecimiento o prestación de servicios de naturaleza sexual en espacios públicos (calles, parques, jardines, plazas...) a cambio de contraprestación económica, siempre y cuando altere la tranquilidad y/o seguridad de los ciudadanos, ya sea por la perturbación que imposibilite o dificulte el tránsito de peatones y/o vehículos o por la producción de molestias incompatibles con el descanso de los ciudadanos".

Las sanciones previstas en la normativa valenciana, cuyo proyecto aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado mes denoviembre, oscilarán, en función de la gravedaddel hecho denunciado, entre 201 y 500 euros.

Sin embargo, es la prestación de servicios en materia social lo que mayoritariamente practican, desde un punto de vista de regulación, los municipios con mayor población del país. Convenios con ONG o asistencia en centros municipales, tanto para información, asesoramiento o atención sanitaria, entre otras prestaciones, centran la dedicación municipal a este fenómeno social.

Tampoco a corto o medio plazo, los ayuntamientos consultados por Servimedia tienen previsto continuar la senda abierta en su día por Calviá y, más recientemente, Barcelona y proceder, en el marco de sus competencias, a regular el ejercicio de la prostitución en la vía pública.

En Zaragoza, por ejemplo, está actualmente en marcha una ponencia técnica bajo la coordinación de la Concejalía de Servicios Públicos, que prepara una ordenanza sobre civismo aunque aún se desconoce si entre sus contenidos habrá alguna referencia a la prostitución. "Tampoco (en la capital maña) tenemos un problema acuciante" al respecto, señalaron a Servimedia fuentes municipales.

Un portavoz del Ayuntamiento de Palma de Mallorca explicó que tampoco está prevista una regulación de la prostitución aunque subrayaron los programas previstos en materia de atención social, "en colaboración con los que se siguen también en Madrid" por parte de la consejala del ramo, Ana Botella. "Hay una relación muy estrecha" entre ambos departamentos, señaló.

ACOSO AL CLIENTE

Precisamente, en Madrid la bautizada como "Ley contra la Esclavitud Sexual" se ha saldado ya con contestación en la calle por parte de diversas asociaciones de prostitutas. El acoso tanto a quienes ejercen como a los clientes es el eje de las políticas madrileñas en este tema.

Ejemplo de ello son iniciativas como la del "cierre" nocturno desde hace unos meses del acceso a la Colonia Marconi en Villaverde, en cuyo polígono industrial es habitual la presencia de prostitutas, y cuyos vecinos precisan de un pase especial para llegar a sus viviendas.

En la Casa de Campo, escenario habitual de este fenómeno, son frecuentes los controles policiales que preceden a identificaciones de supuestos clientes y cortes o desviaciones de los caminos que la cruza para entorpecer los movimientos del tráfico en determinados horarios.

Sanciones sí hay en Toledo pero, como en otros municipios, por escandalo público, lo que no afecta al hecho de que una prostituta ejerza en la calle.

No es "prioritario" legislar en el ámbito municipal, afirmó un portavoz del Ayuntamiento de León, al que se sumó el consultado en el Consistorio de Alicante, que recordó que el ejercicio de la prostitución se enmarca aún en un escenario de "alegalidad". Ni en La Coruña ni en León hay prevista regulación alguna al respecto.

En Salamanca, la Corporación municipal tiene suscrito un convenio con la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostitutas (Apram) donde se atiende a las meretrices, a quienes se les apoya en los casos en que decidan abandonar esa actividad. Pero, en relación con posibles medidas punitivas, el Ayuntamiento que preside Julián Lanzarote no tiene previsto nada, entre otras cosas porque, aseguraron fuentes municipales a Servimedia, "en la ciudad no hay un problema de prostitución en la calle".