El fiscal solicita para ella 12 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial por un presunto delito de integración en organización terrorista.

Según el Ministerio Público, Berriozábal era la responsable de la gestión comercial de Untozrri Bidaiak S.L., que luego se convirtió en Ganeko, un proyecto empresarial que, sostiene el Ministerio Público, estaba "al servicio de ETA".

Al igual que los cuatro acusados que han declarado antes que ella en el juicio, se negó a responder al fiscal y al abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), y decidió contestar a las cuestiones de su abogada, Jone Goirizelaia.

Berriozábal optó por declarar en un primer momento en euskera (los anteriores cuatro acusados lo hicieron en español), por lo que fue necesario utilizar un intérprete, que comenzó a realizar una traducción que no satisfizo a su abogada defensora.

Así, después de que su cliente contestara ampliamente a una de las preguntas, la intérprete realizó una traducción resumida, ante la cual la letrada hizo el siguientecomentario: "Algo más habrá dicho ¿no?".

Berriozábal contestó en euskera a las preguntas que su abogada le hacía en español, e incluso llegó a ayudar con gestos a la intérprete en su traducción. En otros momentosse mostró dispuesta a expresarse en lo que ella misma describió como "el idioma de Cervantes".

NO HABIA DINERO

Cuando se le preguntó si la agencia para la que trabajaba, Ganeko, sirvió para financiar a ETA, respondió en español: "No le mandamos el dinero a ETA porque no había. Tampoco teníamos la dirección". Esta afirmación provocó las risas de algunos de los asistentes al juicio en la sala.

Berriozábal, que finalmente alternó el euskera y el castellano, negó cualquier tipo de relación con la banda terrorista y con la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), ni que hubiese sido "liberada" por esta organización. "Yo no he sido liberada de nada", afirmó.

Esta mujer es la quinta de los 56 acusados por el "caso Ekin" que declara ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de celebrar este juicio.

Tras Berriozábal, el tribunal citó a Iker Beristain, para quien el fiscal pide 15 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial por un presunto delito de integración en organización terrorista.