La demanda fue interpuesta el pasado 8 de mayo y ha sido suscrita por el Gobierno vasco, las diputaciones forales de Vizcaya y de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián.

La demanda civil ha sido interpuesta en reclamación de daños y perjuicios por "no menos de 50 millones de dólares", según consta en la misma, dado que, además de los daños directos y los gastos ya realizados, en el proceso judicial se debe cuantificar el "valor del uo pasivo", es decir, el total restablecimiento del statu quo económico y medioambiental de las zonas afectadas.

Esta acción judicial es independiente y no supone interferencia en la defensa de los intereses de las instituciones vascas dentro de las diligencias penales que se practican en el Juzgado de Corcubión, al que han solicitado que estudie el procedimiento empleado por ABS en la inspección del "Prestige", por si éste tuviera contenido de índole penal.