El Grupo de CiU quiere que esta subcomisión permita acoger las comparecencias de responsables de la Administración, así como de autoridades, funcionarios y otras personas, asociaciones y organizaciones relacionadas con esta materia, que permitan "evaluar globalmente" las medidas que se propondrán en el informe.

Además de las comparecencias que deberán celebrarse en los tres primeros meses de funcionamiento de la subcomisión, los grupos parlamentarios porán solicitar a las administraciones públicas la información y documentación que necesiten para realizar sus trabajos.

Esta subcomisión parlamentaria estaría integrada por tres representantes de cada grupo con más de 100 diputados, dos representantes de los que cuentan con más de diez parlamentarios en la Cámara Baja y otro de cada uno de los restantes.