La declaración comienza con la reafirmación en la creencia de que la soberanía nacional "pertenece a un único titular, el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, cuya indisoluble unidad se manifiesta en la Nación española".

"Exigimos", continúan, "el respeto a la Constitución, de modo que cualquier reforma estatutaria ha de respetar el marco constitucional. No se puede aceptar que por la vía de una aparente reforma estatutaria, al margen del procedimiento constitucional, se dé carta de naturaleza a reformas constitucionales que además suponen una quiebra de la unidad nacional y de la igualdad de todos los españoles. El conjunto de los ciudadanos tiene derecho a opinar sobre un cambio del modelo de convivencia que a todos nos afecta".

"Rechazamos que desde los estatutos de autonomía se altere el reparto de competencias previsto en la Constitución. Es preciso mantener una homogeneidad social básica, rechazando cualquier intento de revisar estatutariamente las competencias del Estado que le atribuyen con exclusividad la potestad para dictar la regulación básica o de régimen general ordenada a asegurar la igualdad de los españoles".

"Abogamos por el mantenimiento de un Estado viable que pueda llevar a cabo las funciones de un Estado moderno, puesto que está en juego el grado de cohesión nacional, el nivel de prosperidad económica de los españoles y su posición en el mundo. Nos preocupan las consecuencias del debilitamiento del Estado para la convivencia, el crecimiento económico y los niveles de renta y empleo, la unidad de mercado yel mantenimiento de la igualdad en la prestación de los servicios públicos esenciales".

DISCRIMINACION CONTRA EL CASTELLANO

Asimismo, los presidentes regionales del PP se comprometen a defender "la igualdad entre españoles en derechos, deberes y en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Entendemosque es un motivo de orgullo que, además del castellano como lengua oficial y común de todos los españoles, España goce de la riqueza de la convivencia de diversas lenguas".

"El derecho a utilizar las lenguas autonómicas, oficiales todas ellas en nuestras Comunidades Autónomas, está constitucionalmente reconocido y su uso y protección es valorado positivamente por el pueblo español. No obstante no compartimos, ni compartiremos políticas de discriminación hacia las personas que emplean la lengua castellana de forma habitual".

"Rechazamos la imposición a todos de un modelo de financiación acordado bilateralmente entre el Gobierno y el líder de la oposición de una Comunidad Autónoma, que quiebra los principios de igualdad entre españoles y solidaridad entre territorios, haciendo inviables los objetivos de cohesión nacional".

"Cualquier modificación del sistema de financiación autonómica debería haberse efectuado desde planteamientos multilaterales, con el consenso de todas y cada una de las CCAA,en los órganos competentes para ello y sobre el respeto a los principios deautonomía, suficiencia, y coordinación, sin que ninguna reforma puede suponer una quiebra del principio de solidaridad, ni agravios entre Comunidades Autónomas".

"Defendemos la libertad de los españoles y en particular, de los catalanes frente el intervencionismo que inspirala propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña, que evidencia una clara desconfianza hacia la sociedad civil, la libertad de mercado y la igualdad de oportunidades".

"Reivindicamos", concluye el manifiesto, "el espíritu de consenso que presidió la transición. Este consenso ha sido un constante desde 1978 en todas las reformas estatutarias y ha de propiciar que cualquier reforma deba de estar avalada, al menos, por los dos grandes partidos nacionales, tanto en los parlamentos autonómicos como en las Cortes Generales".