Según Martín Tamayo, estas discrepancias se basan en la forma de llevar el partido respecto a Gómez-Calcerrada. "Si alguien que pertenece a un secretariado tiene discrepancias con el secretario general, lo más honesto, la mejor forma de servir al partido es presentando la dimisión", dijo.

Precisó que estos pareceres distintos se han materializado cuando, a través de la Secretaría de Política Autonómica, que él dirige, hicieron un estudio de viabilidad, a tenor de las últimas seis encustas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según este estudio, se demuestra que con una convergencia Partido Popular-CDS en las elecciones generales sería posible que el PSOE perdiera 20 escaños por la suma de restos de los partidos; unas conclusiones internas que se filtraron a los medios de comunicación y dejaron bajo sospecha del secretario general a Tomás Martín Tamayo.

En un fax enviado por Gómez-Calcerrada a 50 provincias españolas se decía que mediante un proceso interno se demstraría si Martín Tamayo iba a mantener contactos con otro partido, lo que resultó ser falso y no prosperó la apertura de un expediente disciplinario.

Esos hechos han provocado la dimisión de Tamayo de sus cargos del CDS como vocal del Comité Nacional, como miembro de la Comisión Permanente y como secretario nacional de Política Autonómica.

Asimismo, ha dimitido de su cargo de presidente regional del CDS en Extremadura, aunque por otras causas distintas: no poder llevar a la práctica el proceso d regionalización de las estructuras y mensajes del partido.

Tamayo señaló que "no hay una guerra interna en el CDS de Extremadura, sino discrepancias", y desmintió que se vaya a otro partido, sino que por el contrario se quedará como militante de base de la formación centrista.

Por otro lado, Martín Tamayo respondió a las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en las que le acusó de ser un lastre, y dijo que el presidente extremeño "lo que debe hace es comprar mucho papel higiénico para quitar la mierda que hay en su partido, en su entorno y en su propia persona, porque está impidiendo que los grupos de la oposición ejerzamos nuestro deber en la Asamblea".

Por último, se refirió a 30 millones de pesetas que salieron de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura para elaborar unos informes en empresas fantasmas. La pregunta parlamentaria se formuló en la Asamblea de Extremadura en el mes de octubre de 1992 y, según Tamayo, aún no ha abido respuesta, cuando el plazo máximo es de 30 días.