En principio, el titular del legislativo autonómico cree que con la suspensión de n mes aplicada al diputado nacionalista puede quedar zanjado el asunto, a pesar de que esta medida sancionadora ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición.

Sin embargo, Núñez reconoció, en declaraciones a Servimedia, estar a la espera de sendos informes jurídicos sobre actuaciones de Beiras posteriores a su resolución sancionadora. De la contundencia de los dictámenes jurídicos depende que la presidencia o la Mesa del Parlamento lleven al líder del BNG ante el Tribunal Superior de Juticia de Galicia.

Estos informes pendientes se refieren, por un lado, a la asistencia de Beiras a una comisión de Economía en la que ejerció el derecho a votar un día después de ser suspendido en sus funciones por el presidente, y por otro lado, a la entrada de Beiras al salón de plenos antes de la sesión que se celebró el día 22 de junio, ya suspendido de sus derechos desde el día 17, pero que abandonó cuando se le comunicó por escrito que la presidencia ratificaba su sanción.

Victorino Núñez reonoció a esta agencia que el día 22 tenía preparado un grupo de policías en la sede del legislativo y que el líder del BNG hubiera sido sacado por la fuerza para no tener que suspender una vez más la sesión. Lo contrario, según el titular de la Cámara gallega, "sería reconocer que cualquier diputado podría impedir el desarrollo de trabajos parlamentarios provocando su expulsión y negándose luego a abandonar la sala de sesiones".

El presidente del Parlamento gallego mantiene que la reforma del Reglameno de la Cámara se aprobará definitivamente en las próximas semanas, en un pleno que previsiblemente se celebrará entre el 20 y el 22 de julio. Mientras tanto, Xosé Manuel Beiras sigue preparando el recurso de amparo que elevará al Tribunal Constitucional.