Una vez hecho público el procesamiento de Hormaechea y los miembros de su Ejecutivo, el miércoles de la semana pasada, el magistrado de Tribunal Superior de Juticia de Cantabria (TSJC) instructor de la querella, César Tolosa, dio conocimiento del auto a las partes y comenzó a instruir el sumario, que no estará concluido antes del próximo mes de diciembre.

A este respecto, el "recurso de reforma" presentado por los encausados contra el auto de procesamiento, y el que pudieran presentar éstos ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, de ser desestimado ese primer recurso por Tolosa, no paralizan la elaboración del sumario.

Por esta razón, ya han comenzao a prestar declaración indagatoria nueve de los once implicados en el "caso Hormaechea", incluido el empresario Francisco de la Riva, beneficiario de la adjudicación de cartelería anunciadora de obras regionales, objeto de uno de los dos supuestos delitos de malversación de fondos que se imputan al anterior Gobierno regional.

Previamente, esos nueve encausados abonaron una fianza de medio millón de pesetas, como estipula el auto de procesamiento, en el que se especifica que, al estar todos en liberta bajo fianza, deben presentarse ante el juez los días 1 y 15 de cada mes.

Sólo el presidente, de viaje por Méjico y EE.UU. hasta finales de mes, y el que fue consejero de Cultura en el primer Ejecutivo de Hormaechea, Rogelio Pérez-Bustamante, que volvió en 1990 a su cátedra de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, ni han pagado ni han declarado todavía; ambos abonarán la fianza y declararán ante Tolosa a finales de noviembre.

Si ninguna de las parte (querellantes y querellados) piden a búsqueda de una prueba adicional al sumario, el magistrado Tolosa lo dará por concluido a finales de diciembre o enero, y lo remitirá a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que es la que juzgará el "caso Hormaechea".

En ese momento, Tolosa, que es uno de los tres jueces integrantes de la Sala Civil de lo Civil y Penal (junto al presidente, Claudio Movilla, y al magistrado Mario García-Oliva), deberá renunciar a participar en el proceso, ya que, por ley, el juez instructor de querella no puede dicta sentencia o participar en ella; será el pleno del TSJC el que designe un sustituto de Tolosa para este caso.

A mediados de enero, la Sala de lo Civil y Penal trasladará a querellados y querellantes el sumario elevado por Tolosa, para que muestren su acuerdo o desacuerdo con las conclusiones que en éste se contengan, y les dará la oportunidad de que pidan alguna prueba adicional.

Si ambas partes ratifican el sumario y no piden prueba adicional, circunstancia que retrasaría aún más el proceso, la ala lo trasladará al fiscal del TSJC para que califique los hechos en un plazo no superior a diez días. De igual plazo dispondrán las otras dos partes, defensa y acusación particular, una vez que reciban la calificación del fiscal.

"Lo que probablemente ocurrirá en este caso es que, como el sumario es tan grande (11.000 folios), la Sala nos dará un plazo más amplio a todos, con lo cual no es aventurado decir que hasta principios de marzo no habrá calificación definitiva de las tres partes y la Sala nopodrá fijar fecha para el juicio oral", explicó hoy Benito Huerta.

HASTA 24 AÑOS DE CARCEL

Cuando Juan Hormaechea se siente en el banquillo, la acusación particular pedirá para él dos penas de doce años y un día por dos supuestos delitos de malversación de caudales públicos, y cuatro penas de seis años y un día de inhabilitación por otros tantos supuestos delitos de prevaricación.

La primera de las acusaciones de malversación de fondos públicos está relacionada con la adjudicación a la empresa e su amigo Francisco de la Riva, acusado a su vez de estafa en este proceso, de la cartelería anunciadora de las obras regionales desde 1989.

Para ello, el Gobierno cántabro creó una Cuenta de Valores Independiente, a nombre de la Diputación Regional, en donde ingresaba el precio de cada cartel, 141.306 pesetas (el Servicio de Compras de la Diputación estima en un informe 87.586 pesetas como cantidad razonable), precio que, a su vez, descontaba a las constructoras cuando pagaba las obras.

La seguda acusación de malversación de fondos públicos se sustenta en la publicación de anuncios en el rotativo cántabro "El Diario Montañés" y la emisión cuñas en emisoras regionales, todos ellos pagados con dinero de la Diputación regional, y en los que se vertían expresiones descalificatorias contra líderes políticos de la región.

En el auto de procesamiento, el juez Tolosa indica que los anuncios, bajo el pretexto de la institucionalidad, "contenían descalificaciones e insultos, ajenos al devenir de la plítica regional".

Una de las bases que sustenta el procesamiento de Hormaechea y sus consejeros por malversación en ambos casos es la existencia de sendos informes técnicos elaborados previamente por funcionarios de la Diputación Regional, en los que se desaconsejaba el gasto.

En concreto, el 22 de febrero de 1990 el interventor general de la Diputación de Cantabria elevó un informe al Consejo de Gobierno respecto a la adjudicación de cartelería, en el que se decía textualmente: "Como se está cauando un gravísimo quebranto a la Hacienda Regional, esta Intervención comunica a V.I. la citada situación para que se sirva decidir las medidas a tomar".

Además, dos de las acusaciones de prevaricación a que se enfrentan Hormaechea y sus consejeros están basadas en la adjudicación directa de estudios técnicos a la empresa CANTEL y en la declaración como "bien de interés cultural" de una vaguada de Santander, al objeto de parar las obras previstas en ese terreno, de la que luego se segregó una parcela ropiedad del cuñado de Hormaechea, el constructor Juan Renedo.

ERRORES ADMINISTRATIVOS

Frente a estas acusaciones, el PP y el Gobierno de Cantabria, por boca de su vicepresidente, Roberto Bedoya, han señalado desde un primer momento que el procesamiento es "muy discutible" porque contiene confusiones jurídicas.

En su opinión, lo que ha hecho el magistrado Tolosa es encausar por el procedimiento penal "errores administrativos", que deberían tener su cauce en la jurisdicción contencioso-administrtiva.

Bedoya ha reiterado que ni Hormaechea ni el resto del Ejecutivo cántabro piensa dimitir. Mientras, el presidente del PP, José María Aznar, ha asegurado que no se va a pronunciar sobre este caso hasta que Juan Hormaechea no regrese de Méjico y EE.UU.

Aznar declaró ayer en "Onda Cero Radio que él nunca ha votado a Juan Hormaechea. Hoy, Roberto Bedoya aseguró que el Gobierno cántabro ha sido objeto de un "permanente linchamiento" y ha justificado que Hormaechea no haya regresado todavía de Méjco por el hecho de que es un viaje oficial. Bedoya confirmó que el presidente cántabro regresará a España el jueves de la próxima semana, procedente de los Estados Unidos.