Este colectivo de trabajadores se opone al plan de viabilidad pactadoentre la Xunta, sindicatos y el actual propietario, el empresario Enrique Tatay, porque consideran más favorable la transformación de las factorías en una sociedad anónima laboral.

En esta ocasión los denunciantes advierten de la desaparición de 285 millones de pesetas destinados a reducir la plantilla de GEA, que el extinto Instituto Nacional de Industria (INI) facilitó a Estudesa durante el proceso privatizador del grupo cerámico en 1991.

Con esta nueva denuncia, el grupo de opinión quiere conoer el destino de ese dinero, que tendría como fin sufragar con incentivos las bajas voluntarias de los trabajadores, tal como se establecía en el plan de ajuste elaborado por el INI.

El portavoz del grupo denunciante, Ricardo Rodriguez Domingo, calificó la gestión de Estudesa como un "genocidio contra los derechos humanos" y aseguró que "llegaremos, si es preciso, al Tribunal de la Haya".

Añadió que "nos han convertido en subhombres, nos han hecho pasar hambre física, nos han echado a los hijos dl colegio, nos han cortado la luz y el agua, y queremos que paguen ante la justicia quienes nos ha llevado a este desastre."

En lo que va de semana este colectivo de trabajadores ha presentado otras dos denuncias, una por la compra fraudulenta del grupo cerámico en 1991, cuando supuestamente Estudesa utilizó 115 millones de pesetas de la propia caja de GEA, y otra presentada 24 horas más tarde a raíz de una auditoría, según la cual Estudesa no contabilizó un crédito de 450 millones de pesetas concedid por el Banco Exterior.