Estas asociaciones se refirieron así a la polémica generada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de un informe sobre la normalización lingüística en los tribunales de estas comunidades, redactado por la Comisión de Seguimiento del Libro Blanco de Justicia y arobado con cuatro votos a favor y tres en contra.

José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), señaló a Servimedia que no se puede eludir el hecho de que la Administración de Justicia y el poder judicial han de amoldarse a la realidad del Estado de las autonomías, pero eso no significa que deban perder su carácter nacional.

"Haciendo preceptivo o imponiendo el conocimiento de determinados idiomas cooficiales, mucho me temo que podría llegarse a una vuelta de uerca en toda esta política, donde al final no es que ya se incentivase, sino que fuese requisito 'sine qua non' para determinados cargos el conocimiento del idioma. En este tema hay que ir con mucho cuidado", advirtió Requero.

El portavoz de la Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, dijo a Servimedia que la normalización lingüística requiere unos "cambios salvajes" que afectarían incluso a la propia Constitución y recalcó que el citado informe resulta "bastante agresivo".

A su juicio la mejora de la Administración de Justicia no pasa por esos cauces. "Entendemos que un juez lo que tiene que saber es Derecho. La experiencia demuestra que el español está plenamente extendido por toda España, las comunidades autonómicas incluidas, y por tanto no crea ningún tipo de problema la utilización exclusiva del español con los sistemas de traducción que están establecidos al efecto", indicó.

"TRANSICION RAZONABLE"

Finalmente, el portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), Ricardo Bodas, mnifestó a Servimedia que en España hay varias comunidades autónomas con lenguas cooficiales y eso constituye un hecho diferencial que ni el Ministerio de Justicia ni las administraciones públicas pueden desconocer.

Bodas subrayó que lo ideal es que los funcionarios de justicia conozcan todas las lenguas, pero es extremadamente complicado, por lo que se debe pensar en una "transición razonable" que permita a quienes no las conocen seguir haciendo su labor porque "ese no puede ser un requisito de capaciad, en la medida en que ellos dominan otra de las lenguas oficiales y con el sistema de traducciones correspondiente podrán atender a los ciudadanos adecuadamente".