El reglemento contra el que se movilizan los prácticos, ha sido reclamado por las autoridades portuarias españolas, en su interés por hacer los puertos del país más competitivos y elevar su autonomía a través de autofinanciación y solvencia económica.

Para ello, presenta una reforma que permite la competencia en la actividad de practicaje, mediante empresas concesionarias de esta actividad, que srían las que contratasen al personal dedicado al control del movimiento de los buques en los recintos portuarios, y admitiéndo que algunas empresas, dicen los prácticos, dispongan de servicios de este tipo paralelos.

En el sistema previsto por la administración, afirman los prácticos españoles, "muchos barcos quedarían exentos de control", mientras que en la actualidad, añaden, este servicio "es prestado por capitanes de la Marina Mercante, con quince años de navegación y varios de mando, que han tenio que superar las pruebas de la Administración".

Junto a la demanda a Borrell, los 187 prácticos celebrarán una Asamablea General Extraordinaria el próxima día 25 de noviembre en Madrid, con el fin de analizar el futuro de un colectivo que controla el movimiento en puerto de unos 13.000 buques al año, unos 30 millones de toneladas de carga y casi 4 millones de pasajeros.