El PP había presentado su iniciativa a raiz de las denuncias conocidas en los últimos meses sobre sanciones de la Generalitat de Cataluña a empresas que no utilizan el catalán y sobre impedimentos para que los padres escolaricen a sus hijos en castellano.

El PSOE presentó después otra en la que defiende la existencia de distintas lenguas como una riqueza cultural, y ambas fueron debatidas en el pleno del Congreso, con resultado dispar.

El resto de los grupos se decantaron por la del PSOE y dejaron solo al PP en defensa de su iniciativa, acusando además a este partido de orquestar una campaña de denuncia de supuesta discriminación del castellano coincidiendo con la tramitación de la reforma estatutaria.

La iniciativa del PSOE, a la que se incorporaron varias enmiendas, entre ellas de CiU y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), pide al Gobierno que garantice a los ciudadanos "el derecho y la libertad de elegir y utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de su comunidad" desde la normalización de ususo del idioma propio de cada territorio.

Proponen, además, que se propicie el uso de las lenguas menos difundidas, "en todos los ámbitos de la vida cotidiana en los territorios que constituyen su dominio lingüístico".

En defensa de esta iniciativa, el socialista Ramón Jáuregui alertó de que existen "razones para elevar la voz de alarma frente a intentos de instalar una guerra lingüística que ni existe ni debe existir".

Aseguró que no existe confrontaciones en este sentido y que el bilingüismo se está instalando en muchos territorios de España "de forma natural" pese a que la aplicación de políticas concretas pueda generar algunos problemas.

Jordi Vilajoana, de CiU, refrendó las palabras de Jáuregui y subrayó, además, que las denuncias sobre esos problemas o "errores" en Cataluña dentro del ámbito educativo son una media de sesenta o setenta al año entre un millón de escolares.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tarda, aseguró que aún hoy es "muy difícil vivir en catalán", como en gallego o euskera, porque el castellano sigue siendo "exclusivo" en muchos ámbitos, sobre todo oficiales.

Esta tesis fue refrendada por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Herrera, y también por el del PNV, Aitor Esteban, que denunciaron la imposibilidad de utilizar lenguas cooficiales, por ejemplo, en los organismos de la administración periférica del Estado.

La portavoz popular, Beatriz Rodríguez Salmones, denunció que la "armonía" del bilingüismo se ha interrumpido en Cataluña, y denunció que el PSOE había presentado esta iniciativa para neutralizar una anterior del PP en la que se demandaban al Gobierno medidas para garantizar que ningún ciudadano es "perseguido" por utilizar su lengua.

Esa iniciativa fue rechazada porque ningún grupo compartió los argumentos esgrimidos por Dolors Nadal al defenderla. Aseguró que la llegada del tripartito a la Generalitat de Cataluña se han multiplicado "las coacciones, las trabas y las sanciones" por utilizar el castellano.

Herrera denunció la "demagogia" del PP al presentar ahora esta iniciativa, y Esteban la enmarcó en la "campaña" de este partido con el lema "se rompe España". La socialista Maritxell Batet acusó al PP de orquestar una campaña con la que están haciendo un daño "terrible" a Cataluña y, por tanto, a España.