En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo estas valoraciones después de que Rodríguez insinuase en su comparecencia tras el Consejo de Ministros un objetivo distinto al judicial en el auto del juez Manuel García Castellón que imputa al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, un delito de terrorismo dentro de la investigación sobre Tsunami Democràtic.

“No debo emitir opiniones políticas sobre decisiones judiciales”, señaló Rodríguez desde La Moncloa, pero están los “hechos” para ser analizados. Entonces, recordó que este caso “lleva instruyéndose cuatro años” y la decisión la ha tomado el juez cuando “hay otros operadores jurídicos con criterios distintos”, como es el caso de la Fiscalía.

Tras ello, la también portavoz del PP en el Congreso indicó que “lo más grave” es que “desde la propia mesa de la rueda de prensa del Gobierno haga esas declaraciones en relación al Poder Judicial”. “Creo que esa es la única injerencia que se está produciendo, pero es la consecuencia de la injerencia que supone una ley de amnistía”, indicó.

De tal forma, sostuvo que la amnistía pactada con los independentistas “es la máxima injerencia que se puede materializar”. “Lo que se está buscando a través de una negociación es anular la actuación del Poder Judicial en unas causas que afectan a una serie de personas concretas que tienen los siete votos que necesita Sánchez para permanecer en el poder”, dijo.

Insistió en que “esa es la única injerencia”, mientras que “el resto es dejar que los distintos poderes funcionen en el marco de nuestra democracia”. “Y la democracia si tiene una base es la separación de podres, la independencia del Poder Judicial y el respeto a las resoluciones del Poder Judicial” aunque “el sanchismo esté dando la vuelta a todo esto”, afirmó.

Por todo ello, la ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo en Génova alertó de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo “no pueden intervenir en el Judicial” y “no se pueden desautorizar ni deslegitimar” las actuaciones que “están en marcha o las que en el futuro puedan surgir”.