La proposición, que fue rechazada por todos los demás partidos, instaba a requerir a todas las corporaciones locales del País Vasco y de Navarra a que retiren los nombres de calles, plazas, avenidas, placas conmemorativas, monolitos y cualquier otro tipo de monumento u ornamento en los que se rinda honor a miembros de la organización terrorista.

Pedía también a los ayuntamientos que lo hayan aprobado a revocar cualquier acuerdo por el que haya designado como hijos adoptivos o cualquier otro tipo de honores a miembros de ETA.

La proposición fue defendida por Carlos Salvador, para quien el Gobierno es responsable de haber permitido el regreso a las instituciones de quienes justifican y amparan la violencia.

Una vez que ETA ha demostrado su intención de seguir asesinando, el PP considera necesario que se repudien los actos de homenaje a sus miembros y que se tomen las medidas necesarias para impedir que se repitan.

Apostó por enviar a los terroristas el mensaje de que "iremos a por ellos y no los dejaremos en paz", y por un gesto de solidaridad con las víctimas, a quienes desde el Gobierno se ha "vilipendiado injustamente".

En nombre del PNV, Emilio Olabarría aseguró que la iniciativa del PP "no está basada en fundamentos de legalidad, sino de oportunidad", y dijo, además, que está "mal" formulada porque el Congreso carece de potestad para formular un requerimiento a los ayuntamientos, que tienen garantizada su autonomía.

En caso de percibir la comisión de un delito por parte de miembros de una corporación municipal hay que acudir a los tribunales o invocar la nulidad de los acuerdos en la jurisdicción contencioso-administrativa, dijo, y en ambos casos el PP carece de legitimidad "por inacción" durante años.

Ese mismo fue el argumento del portavoz de ERC, Agustí Cerdà, para quien los delitos de apología y enaltecimiento del terrorismo están perfectamente tipificados y deben ser denunciados, en su caso, ante los tribunales.

Josep María Guinart, de CiU, rechazó también la iniciativa, por entender que la presentación de una proposición no de ley "unipartidista y casi excluyente" sobre este asunto "no es el momento ni la forma" de luchar contra el terrorismo. En su opinión, el PP "no pretende otra cosa que significarse en el terreno electoralista".

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, denunció que el PP termine la legislatura como la empezó, utilizando el terrorismo "como arma arrojadiza de partido, no contra ETA sino contra el resto de fuerzas políticas democráticas de esta Cámara". "Genio y figura hasta las próximas elecciones", concluyó.

En nombre de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster explicó también que no comparte la estrategia del PP de utilizar la política antiterrorista como instrumento para dividir a los demócratas "para obtener réditos electorales".

El socialista Pedro Muñoz exigió lealtad al PP para permitir de verdad la aprobación de iniciativas unitarias de lucha contra el terrorismo, porque de momento la defensa de esta proposición no de ley debería ir precedida de una "hoja de servicios" que muestre el inicio de los trámites correspondientes para conseguir los objetivos pretendidos.