El informe redactado por el grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía de Palma de Mallorca, entregado esta mañana al juez Barceló, confirma que hay políticos aforados entre los investigados por el presunto cobr de comisiones de la constructora Antonio Quart S.A., entre ellos el consejero de la Función Pública y secretario general del PP balear, José Antonio Berastain.

El atestado policial indica que en dos de las cuentas que el PP balear tiene abiertas en sendas sucursales del antiguo Banco de Ibiza (o Banca Matutes, hoy San Paolo) y Banca March se ingresaron en torno a 70 millones de pesetas procedentes de la compañía constructora.

La conclusión del informe policial es que el PP fue el beneficiario prncipal de las comisiones pagadas, si bien está por determinar si las actuaciones de los políticos aforados, del PP, son constitutivas o no de delito.

Todos estos datos, previos al levantamiento del secreto sumarial previsto para esta tarde, se dieron a conocer inmediatamente después de una reunión que esta mañana celebraron el juez Pedro Barceló, el fiscal Juan Carrau, el jefe del grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, Carlos Fernández, y un inspector de la Delegación de Hacienda en Bleares.

Alfredo Ruiz señaló asimismo que, aunque el auto inhibición del magistrado Barceló en favor del Tribunal Superior de Justicia de Baleares no se producirá hoy -como estaba previsto- no se descarta que ello se confirme a lo largo de la próxima semana, debido a la presencia de políticos aforados en el proceso.

El Alto Tribunal balear investiga paralelamente el presunto cobro de estas comisiones por parte de dirigentes del PP y del Gobierno balear a raiz de una denuncia y posterior querella ciminal presentada por Izquierda Unida, por un presunto delito de prevaricación continuada.

En este sentido, el magistrado del TSJB, Juan López Gayá, ha citado a declarar el próximo martes y en calidad de denunciados al consejero de Obras Públicas, Bartomeu Reus, y a su antecesor, Jeroni Saiz.

La adjudicación de las obras a la empresa de Antonio Quart por parte del Consejo de Gobierno balear estuvo envuelta en la polémica desde el principio. La insolvencia de Quart obligó al Gobierno a retirarle ls obras y entregarlas a FCC, lo que ocurrió el pasado otoño.