El Pleno rechazó así la toma en consideración de esta proposición de ley, presentada en nombre del Grupo Mixto, con la que el diputado andalucista José Núñez pretendía evitar que miles de personas vivan "prisioneros en sus casas" porque requieren la ayuda de otra persona para acceder a su vivienda, o apelar a la "buena voluntad" de los vecinos para que apoyen las adaptaciones.

Núñez se mostró convencido de que es "imprescindible desde ya" modificar esta ley, y anunció que dará la bienvnida a las enmiendas que el resto de los grupos consideren pertienentes, por lo que pidió el apoyo de la Cámara para "no cometer una tremenda injusticia" y "discriminar" a un colectivo tan importante al obligarle a pagar por el acceso a su propia casa.

La normativa actual exige el voto favorable de la mayoría de la comunidad para realizar estas obras de adaptación, con lo que en ocasiones los vecinos se niegan a hacer estas obras por "motivos estéticos, enfrentamientos personales o prejuicios socialesde compartir vivienda con aquellos a quienes se considera diferentes".

Por este motivo, el Grupo Mixto pide que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal en el sentido de diferenciar a los propietarios con discapacidad, de forma que los acuerdos de adaptación no necesiten más que la "simple evidencia acreditada por la Administración de que en el edificio habita una persona con graves problemas de movilidad".

El diputado socialista Víctor Morlán indicó que el PSOE vota a favor porque la iniciativa"está bien planteada, es oportuna, y tiende a resolver" parte de los problemas que tienen los discapacitados, y supondría un "punto de contacto" de los grupos parlamentarios con los representantes de este sector.

Añadió que el texto se puede mejorar en el proceso de enmiendas, por lo que animó al PP a que se incorpore a esta propuesta, y dijo a los diputados populares que "ustedes que quieren hacer un plan de accesibilidad", tienen "una oportunidad muy buena" para demostrar su compromiso.

El portvoz de Política Social y Empleo de IU, Antero Ruiz, recalcó que falta desarrollar muchas estrategias para beneficiar a un colectivo cada vez más amplio, dado el envejecimiento de la población, y aplicar la normativa comunitaria al respecto, por lo que votó a favor de la iniciativa.

En nombre de CiU, Lluisa Expósito recordó que su partido ha sido impulsor de iniciativas sobre las peronas con discapacidad, y defendió la toma en consideración de esta propuesta.

La diputada del PNV Margarita Uría indcó que aunque la normativa actual, que mejoró la anterior en el sentido de que antes se requería unanimidad, funciona "de manera razonable", es necesario avanzar en esta materia, porque la "práctica evidencia" que quienes reclaman la reforma son normalmente los que la financian.

Coalición Canaria expresó también su apoyo a esta iniciativa, con el fin de que las personas con minusvalía tengan más facilidades para realizar las obras que necesite, siempre que acrediten que las requieren y que son viablesy adecuadas.

"PROBLEMAS" EN LA INICIATIVA

En nombre del PP, la diputada Gloria Martín expresó su agradecimiento al Partido Andalucista por su preocupación y sensibilidad", que "por supuesto" comparte su grupo, pues "es notorio" que continúan existiendo numerosas barreras arquitectónicas, por lo que "debería primar" la necesidad de estas personas que "cualquier otra consideración" cuando se trata de la adaptación de las viviendas.

Sin embargo, indicó que la iniciativa presenta "una serie de probemas" pues no delimita lo que se considera "problemas graves de movilidad", ni se delimita la administración competente. Tampoco habla de quién deberá sufragar estas obras, ni se distingue entre las situaciones ya existentes y la adquisición de nueva vivienda.

Además, indicó que en los últimos años se ha desarrollado un importante "esfuerzo normativo", y que una de las prioridades del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales es avanzar en la igualdad de oportunidades.

Agregó que se está elaborando l Libro Blanco de la Accesibilidad y se prepara un Plan para la eliminación de barreras, y que el Congreso debate estos asuntos en la subcomisión sobre discapacidad que desarrolla sus trabajos en la Comisión de Política Social y Empleo.