Las enmiendas van dirigidas especialmente, tal y como ya habían adelantado ayer los portavoces de PP y PSOE en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano y Joan Ignasi Pla, a eliminar cualquier duda sobre adecuación de la propuesta al marco constitucional.

Con estas enmiendas, que consideran más de estiloque de fondo, los dos partidos mayoritarios tanto en el Parlamento valenciano como en el Congreso quieren "evitar que por parte de nadie existan malas interpretaciones ni excusas de cara a otras reformas estatutarias".

Para ello, se ha matizado la disposición que habla del derecho foral valenciano para que quede claro que la Comunidad Valenciana no ha pretendido invocar "ningún privilegio en base a un derecho histórico", ni que se le reconozca "ninguna institución o competencia que la Constitución no le otorgue".

Con la enmienda, se establece que "la competencia exclusiva sobre el Derecho Foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del Histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española".

El texto anterior apelaba a "la normativa foral derogada por el Decreto de 29 de junio de 1707, recuperada ésta y ejercitada aquélla mediante la actualización de la contenida en el régimen foral del histórico Reino de Valencia, conforme a la disposición adicional primera de la Constitución Española".

En este mismo sentido, se sustituye la redacción "es competente para, previa audiencia del Consejo General Judicialcrear o transformar el número de Secciones o Juzgados en el ámbito de su territorio" por "participará también, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la creación o transformación del número de secciones o juzgados en el ámbito de su territorio".

CLARIFICAR FRONTERAS

Con el fin de clarificar también la frontera de las competencias estatales y autonómicas, PP y PSOE retocan también el artículo de su propuesta inicial según el cual "corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado" en materia de zona marítimo terrestre, costas y playas".

El nuevo texto acordado por populares y socialistas indica que corresponde al Ejecutivo autonómico ejecutar "las funciones que sobre la zona marítimo terrestre, costas y playas le atribuye la legislación del Estado".

Otra de las enmiendas de calado político incluye en la posibilidad de realizar una reforma estatutaria sin convocar un referéndum de ratificación en los casos en que sólo implique la ampliación de competencias.

El nuevo Estatuto valenciano fija que cuando las Cortes Generales aprueben su reforma autorizan a la Generalitat para que convoque una consulta popular de ratificación, un cambio que, junto a la capacidad del presidente de disolver las Cortes, sitúa a esta comunidad entre las denominadas "históricas", que se rigen por el artículo 151 de la Constitución.