PP Y PSOE FAULTARAN AL GOBIERNO PARA DISOLVER AYUNTAMIENTOS QUE TOMEN DECISIONES QUE EXALTEN EL TERRORISMO
- PP y PSOE coinciden en que el Fondo de Seguridad para los concejales vascos amenazados tenga carácter público
- Acuerdan dar traslado al Parlamento vasco de las iniciativas que pretenden la paralización de las subvenciones a Batasuna
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La comisión técnica del Pacto Antiterrorista constituida por PP y PSOE celebró hoy su primera reunión de la que han salido varios acuerdos, etre ellos el de estudiar la reforma del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para facultar al Consejo de Ministros de manera que pueda disolver aquellas corporaciones locales que tomen decisiones interpretables como exaltación del terrorismo y supongan desprecio de las víctimas.
Esta propuesta fue puesta sobre la mesa por el PSOE y será motivo de estudio minucioso por el Ejecutivo y el PP, que tratarán de dejar perfilada la reforma legislativa necesaria para su aplicación en la próxima reunón de la comisión técnica, prevista para el día 25 de marzo.
El responsable de Política Municipal socialista, Alvaro Cuesta, aseguró en rueda de prensa posterior a la reunión que el citado artículo de la Ley de Bases de Régimen Local ya contempla la posibilidad de que se puedan disolver los ayuntamientos "cuando sus órganos adopten acuerdos contrarios al orden constitucional o al interés general".
Se trata, por tanto, de ampliar los supuestos que queden incluidos en ese catálogo de motivos para l disolución. La decisión, en todo caso, sería competencia del Consejo de Ministros, previa audiencia no vinculante del Ejecutivo autónomo y posteriormente ratificada por el Senado.
La disolución sería entonces procedente cuando las corporaciones locales dieran cobertura o apoyo al terrorismo o a grupos conexos, cuando se justifique o enaltezca la actividad violenta o cuando se menosprecie o humille a las víctimas del terror. Un ejemplo de este tipo de situaciones son los homenajes a etarras en los quese les declara hijos adoptivos de un municipio.
Además, los representantes de ambos partidos se han ratificado en su intención de abordar modificaciones legislativas que impidan la financiación pública de Batasuna y organizaciones afines a ETA.
PARLAMENTO VASCO
Estos cambios tendrán que ser aprobados por las Cortes Generales, pero los dos partidos mayoritarios han acordado dar tralado de estos cambios al Parlamento vasco para su aprobación, así como a las corporaciones locales, de manera que quden bloqueadas todas las fuentes de financiación pública de los terroristas y su entorno.
Para garantizar que todos los ciudadanos estén representados en los ayuntamientos, PP y PSOE pretenden abordar una reforma del artículo 182 de la Ley de Régimen Electoral General para permitir que en caso de imposibilidad de sustituir a los ediles dimisionarios sean las diputaciones forales las que puedan designar a sus sustitutos.
De igual modo, se va a establecer una regulación específica de las declaracioes de intereses de los concejales vascos para impedir que los datos que están obligados a dar sobre sus posesiones e ingresos lleguen a manos de los violentos.
Ambos partidos pretenden preservar el principio de transparencia democrática y así, la declaración de intereses seguirá siendo obligatoria, pero quedará depositada en las diputaciones forales o en las subdelegaciones del Gobierno y no en los ayuntamientos donde su salvaguarda de los datos no está garantizada.
También se llegó a acuerdo sobe la necesidad de cambiar la legislación relativa a los interventores y apoderados en procesos electorales, de manera que no sea condición imprescindible residir en el País Vasco para desempeñar esa función.
FONDO PUBLICO
En la reunión de hoy también se ha tratado sobre la propuesta lanzada por el PP de crear un Fondo de Seguridad para los concejales vascos amenazados.
El PSOE entiende que en la constitución del Fondo de Seguridad tiene que haber una "importante aportación inicial del Estado" qe figure en los Presupuestos Generales y que cuente con mecanismos de regulación y control públicas.
Esta idea también es compartida por los populares, cuyo portavoz en el Senado, Esteban González Pons, aseguró que "no se trata de constituir un fondo privado", sino de permitir que todas aquellas personas o instituciones que quieran colaborar tengan una vía para hacerlo.
Los populares sugieren que ese carácter público podría quedar garantizado vinculando el fondo a la Fundación de Víctimas del Terorismo, recientemente creada, o a alguna otra institución pública que quedó sin especificar.
En todo caso, este aspecto quedó pendiente de estudio por ambas partes para su nuevo debate en la reunión del 25 de marzo en que populares y socialistas se han comprometido a llevar sus nuevas propuestas por escrito.
Lo que quiso dejar muy claro Pons es "la vitalidad y fortaleza" del pacto entre ambos partidos, así como la "fidelidad" que han venido demostrando con los compromisos adquiridos.
Tanto Cesta como Pons puntualizaron que la comisión reunida hoy tiene un carácter puramente técnico y que las decisiones políticas las debe tomar la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, cuya reunión no es necesaria antes de que produzca el segundo encuentro de los técnicos.
(SERVIMEDIA)
13 Mar 2002
SGR