Así consta en una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para su votación en la última jornada del Debate sobre el Estado de la Nación, que salió adelante después de incorporar una enmienda del PSOE.

La iniciativa reclama una reforma "con urgencia" de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los tribunales españoles puedan perseguir en el extranjero aquellos delitos en los que "sus presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas de nacionalidad española".

La resolución, impulsada por el Partido Popular, tenía como objetivo evitar casos como los recientemente vividos en la Audiencia Nacional con China e Israel, en los que los magistrados españoles intentan perseguir a autoridades de estos países.

La resolución aprobada establece, además, que los tribunales de España no podrán actuar cuando "en el país del lugar donde se cometieron los hechos delictivos, o en el seno de un Tribunal Internacional, se ha iniciado causa penal que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles".

La enmienda presentada por el PSOE incorpora también el compromiso para que los Presupuestos Generales del Estado de los próximos tres años cuente con 200 millones de euros en cada ejercicio para poner en marcha de forma "inmediata" la oficina judicial con el fin de mejorar el sistema, así como la implementación de un sistema informático de ámbito nacional.

Asimismo, contempla que "antes de finalizar el presente mes de mayo" se alcance un acuerdo con todas las asociaciones judiciales para conciliar la vida laboral y familiar, equiparar el sistema de vacaciones con otros funcionarios, y mejorar las condiciones de vida de los magistrados.