El texto consensuado logró el apoyo del PP, el PSOE, CC y PNV, mientras que CiU se abstuvo con el argumento de que esta enmienda es "una traición" al espíritu de la Carta Municipal de Barcelona y convierte la regulación sobre grandes ciudades en un "café para todos". Tampoco IU apoyó la iniciativa porque rechaza l posibilidad de que personas no electas entren a formar parte de los gobierno municipales.

El acuerdo se fraguó ayer en una reunión mantenida en el Senado entre el ministro de Administraciones Públicas, Javier Aremas, y el responsable socialista de Política Municipal, Alvaro Cuesta.

En esa reunión, los populares propusieron al PSOE que aceptara una enmienda transaccional que reflejara el contenido de los acuerdos, y que dejara fuera la elección directa de alcaldes, con el fin de pactar un acuerdosobre bases mínimas.

Este extremo fue aceptado por el Partido Socialista para "facilitar el consenso" y en espera de poder plantearlo en un marco más propicio, puesto que una reforma de esa naturaleza supone cambios en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que, en opinión de ambos grupos, requerirían un alto grado de consenso parlamentario.

El PSOE admitió también la posibilidad de integrar en el equipo de gobierno de los ayuntamientos a personas que no sean cargos electos locales, tal y omo defendían los populares. Este constituye uno de los puntos de mayor fricción con IU que hoy mantuvo una iniciativa propia en esta materia.

MAS COMPETENCIAS

La proposición no de ley sobre Grandes Ciudades es el primer paso para que el Gobierno pueda sacar adelante una Ley de Modernización de las Administraciones Locales que sustituya la anunciada norma para grandes municipios, aunque mantiene su intención de que las corporaciones mayores puedan asumir más competencias en materias como seguridad, usticia, vivienda o empleo.

El texto aprobado hoy recoge la iniciativa popular en relación al refuerzo del carácter ejecutivo de los gobiernos locales, siempre que se amplíen las competencias del pleno municipal para su control, como contrapartida.

Además, reconoce el derecho de sufragio activo de los vecinos y la celebración de consultas populares a instancias de los ciudadanos, así como la regulación de nuevos cauces de participación y el establecimiento de vías para cursar quejas y reclamacions.

De igual modo, queda contemplada la necesidad de diseñar un régimen específico para Madrid y Barcelona como ya se preveía en el la Ley de Capitalidad y la Carta Municipal de ambas ciudades, respectivamente. También se contempla la distinción de los grandes municipios de manera que puedan asumir más competencias y reciban una mayor dotación de recursos.

Así, se contempla la creación de un Consejo Social de la Ciudad, como órgano consultivo, y la transferencia de responsabilidades en materia de ivienda, empleo, servicios, prestaciones sociales y educación, así como otras políticas de proximidad que lo requieran.