El plan de gobierno elaborado por os responsables del área educativa del PP, hecho público hoy, también propugna el traspaso de todas las competencias en materia de enseñanza a las comunidades autónomas.

El Partido Popular defiende, asimismo, el establecimiento de una ley de la función inspectora, que consiga una "inspección profesionalizada, objetiva y competente, que no tenga que ser servil ni hipotecada con las distintas opciones políticas en el poder".

En cuanto a la mejora de la inversión pública, el programa de gobierno aboa por una subida anual del 0,25 por ciento, hasta alcanzar el 6 por ciento dentro de cuatro años.

Los cambios en el capítulo administrativo y financiero también deberían significar la puesta en marcha de una ley de financiación para la LOGSE, que asegure los recursos para el conjunto de la reforma, y una ley de financiación de la reforma de los planes de estudios universitarios.

Respecto a la formación del profesorado, el PP defiende la desaparición de los CEP (centros de profesores) "por su demotrada ineficacia". A cambio, pide la creación de un programa de formación permanente, que incluya a todos los docentes.

Además, propone que la Administración ofrezca a todos los profesores que lo soliciten becas, ayudas, años sabáticos para poder prepararse y ejercer su carrera docente en el sentido que deseen. El PP también quiere reducir las horas de clase para los mayores de 55 años.

Por niveles educativos, el programa electoral del PP plantea centrar todos los esfuerzos en la educación primara, reduciendo la proporción profesor-alumno y prestando una atención especial a la enseñanza de idiomas.

Asimismo, considera necesario dotar al profesorado de los medios adecuados para que la educación física y las enseñanzas artísticas salgan de la "actual situación de ineficacia y abandono".

Según el PP, es preciso también evitar el abandono de los estudios al final de la EGB de un gran número de alumnos por razones económicas, facilitando las becas y ayudas correspondientes.

En educación anitaria, el PP destaca la importancia de hacer coexistir en un mismo centro las actividades específicas de la educación técnico profesional, la educación secundaria y el bachillerato.

DESPRESTIGIO SOCIAL

Para el PP, el bachillerato debería estar dividido en cuatro grandes áreas: ciencias sociales y humanidades, ciencias y tecnología, ciencias biosanitarias y artes.

Entre las reformas que deberían realizarse en este nivel educativo, los populares consideran que es fundamental erradicar la masifcación existente actualmente en las aulas y la concentración de centros excesivamente grandes en las ciudades.

El programa electoral considera obligado afrontar la actual situación de "desprestigio social" de la Formación Profesional, "sin duda el mayor problema que tiene nuestro sistema educativo en la actualidad".

Para acabar con esta situación, el PP propone un programa nacional de formación profesional que mejore la administración, gestión y autonomía de los centros que imparten estas enseñanas, además de incentivar a las empresas en materia de formación, considerando los gastos en formación profesional, a efectos fiscales, como inversión.

En el terreno universitario, el PP sostiene que los defectos y carencias de la legislación y política socialistas en los relativo a la enseñanza superior radican en los "presupuestos ideológicos y tics autoritarios propios y atávicos al socialismo, que han tenido unos efectos catastróficos en el bienestar social y en la competitividad económica y cientíica".

El responsable de educación del PP, Enrique Fernández Miranda, considera que la enseñanza superior pública debe tener unos centros dotados de las máximas cuotas de libertad y responsabilidad, insertos en un estado autonómico, y competitivos con los creados por la iniciativa privada.

El PP propone como principal cambio en la estructura organizativa de la Universidad el establecimiento de centros de enseñanza superior diferenciados por objetivos funcionales y tamaños (al menos tres tipos de uiversidad clásica no politécnica). También aboga por el incremento de la profesionalidad en la gestión universitaria, fomentado para ello la figura del gerente de la universidad.

En cuanto al profesorado universitario, el PP propone establecer un nuevo sistema de jubilación, voluntaria a los 65 años y forzosa a los 70, y modificar la situación actual de las incompatibilidades.

En cuanto al acceso de los estudiantes a la universidad, el programa electoral defiende que cada centro, en uso de su autnomía, establezca, si así lo desea, pruebas de acceso para dos o algunos de los estudios que imparta.