De ser aprobada esta propuesta, los ayuntamientos podrán aplicar este beneficio fiscal a los edificios que dispongan de un nivel de servicios municipales menor que el existente en otras áreas del mismo concejo, siempre que estos inmuebles deban ser protegidos por razoes económicas, históricas, culturales o medioambientales.

También se beneficiarán los edificios afectados por defectos estructurales, aunque éstos deben estar acreditados por la autoridad competente.

El plazo de disfrute de la bonificiación comprenderá el tiempo de urbanización o construcción, y se podría prolongar un año más a partir de la terminación de las obras. En todo caso, el periodo máximo de disfrute de este beneficio no podrá ser superior a tres años.