En la pasada legislatura, el PSOE contaba con 141 diputados en el Congreso, justo uno más de los dos quintos necesarios para bloquear el nombramiento de los vocales del TC en caso de desacuerdo. Tras el 12-M, PSOE e IU juntos suman 133.

El portavoz de Justicia del PP en el Senado en la última legislatura, Alfredo Prada, declaró a Servimedia que, "en cualquiera de los casos, tanto los nombramientos como el desarrollo de todas ls reformas legislativas estarán abiertos al consenso y buscando el más amplio acuerdo posible".

"El respeto que merecen los órganos constitucionales y, particularmente, los vocales del CGPJ, miembros del TC o consejeros de RTVE, lleva a que, en cualquiera de esos supuestos, los nombramientos se producirán de acuerdo con el resto de fuerzas políticas, buscando que el abanico de acuerdos sea el más amplio y, por supuesto, contando con el principal partido de la oposición (el PSOE)".

Prada agregó qu, "para no llegar a una situación de bloqueo de esos nombramientos, como a veces ha ocurrido, con la consecuencia de que se demoran los tiempos, la voluntad (del PP) será la de poner encima de la mesa nombres para buscar el acuerdo".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Cámara Alta en la última legislatura, Juan José Laborda, manifestó su convencimiento de que el PP, en alianza con otras fuerzas políticas afines, no se planteará imponer las candidaturas que más le convengan.

Sobre este particlar, Laborda recordó, en declaraciones a Servimedia, que "desde que se creó el Tribunal Constitucional siempre se ha procurado no sólo no ir a mayorías mecánicas, sino buscar legitimidades de otra naturaleza, es decir, que no haya grupos importantes que tengan reticencias, porque ese órgano es tan delicado que cuanto mayor consenso obtenga la elección de sus miembros, mejor será para la democracia española".

El Tribunal Constitucional está formado por doce magistrados, de los que cuatro son elegidos pr el Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, otros cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ.

Todos los candidatos deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Son elegidos por un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años.

La última renovación fue la realizada por el Senado hace año y medio, después de una prolongada polémica entre los grupo políticos, que demoró la renovación varios meses sobre los plazos establecidos.