Según explicaron desde el PP, esta decisión se acordó en la reunión que la secretaria general, Cuca Gamarra, mantuvo con los portavoces parlamentarios autonómicos en la sede nacional de la formación, a la que también asistieron el coordinador general, Elías Bendodo, el vicesecretario de Coordinación de Política Autonómica y Local, Pedro Rollán, y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

La pretensión del PP es que ese documento se traslade a todos los municipios, diputaciones, cabildos insulares y comunidades autónomas “para que se conozca, discuta y enriquezca” su propuesta, “e instar así al Gobierno a que lo haga suyo, una vez que desde La Moncloa no lo ha aceptado ni en parte ni en nada”.

El plan confeccionado por el PP se basa en la “racionalización” del gasto burocrático del Gobierno, el “rediseño” de los fondos europeos, una serie de “reformas estructurales” para “consolidar” un “crecimiento sano” de la economía, y una bajada de impuestos “selectiva, inmediata y temporal” para “hacer frente al incremento masivo de los precios”.

En concreto, Feijóo propuso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una rebaja fiscal temporal orientada a las rentas bajas y medias que podría llegar a alcanzar un máximo de 10.000 millones de euros, a los que habría sumarle 4.900 millones adicionales que irían destinados a incentivos fiscales para “agilizar” la ejecución de los fondos europeos.

“MANO TENDIDA”

No obstante, el PP no logró alcanzar ningún acuerdo con el Gobierno sobre este plan, aunque los dirigentes populares garantizaron a los portavoces autonómicos de la formación que seguirán “con la mano tendida para ofrecer soluciones en beneficio del interés de los españoles”.

En este sentido, hicieron hincapié en que los indicadores económicos alertan de una “ralentización” de la economía “con un frenazo en las previsiones de crecimiento”, actualizadas a la baja por el Gobierno, que prevé que el PIB español aumente un 4,3% en 2022, casi tres puntos menos que la estimación anterior, que era del 7%.

Por último, Gamarra expuso que los ingresos tributarios de las arcas públicas se situaron en 54.749 millones de euros en el primer trimestre –casi 10.000 millones más que en el mismo periodo del año pasado–, una cifra que “justifica la obligación del Ejecutivo de devolver a los españoles lo que han pagado de más” como consecuencia “del incremento desmedido de los precios”.