El portavoz del Grupo Popular, José Miguel Ortí Bordás, asegura en la misma que la actual Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 1988, no regula "la financiación que, constitucionalmente, deben recibir las corporaciones locales de las comunidades autónomas; está ausente de instrumentos de nivelación financiera y desconoce, en definitiva, la realidad local española en punto a la capacidd de la mayoría de las corporaciones para gestionar su actividad".

Además, el PP considera que los criterios que la vigente ley establece para determinar y distribuir la aportación financiera del Estado a las corporaciones locales "resultan negativamente discriminatorios para las corporaciones más pobres".

Ortí Bordás afirma en la justificación de la moción que la aplicación práctica de esta ley ha puesto de manifiesto "su falta de virtualidad para que, de modo eficaz y efectivo, puedan las corpoaciones locales cumplir sus funciones adecuadamente, con la autonomía financiera de que deberán gozar según dispone la Constitución Española".

Por otro lado, el Partido Popular estima que los actuales impuestos municipales (sobre bienes inmuebles, actividades económicas y vehículos de tracción mecánica) "han planteado bien conocidas y problemáticas cuestiones y no han surtido los deseables efectos como instrumentos de financiación propia".