La ausencia de senadores populares y el voto en contra del Grupo Socialista impidió la concesión del citado suplicatorio que, no obstante, había recibido el visto bueno durante la Comisión de Suplicatorios que entendió del caso.

Esteban González Pons, en declaraciones a Servimedia, anunció que el próximo lunes elevarán a la Mesa del Senado un escrito pidiendo la revisión del proceso y que el suplicatorio sea de nuevo objeto de estudio en el seno de l correspondiente comisión.

Con anterioridad, González Pons expresó a los periodistas su malestar por la oposición del PSOE a votar a favor del suplicatorio y recordó que a lo largo de esta legislatura el PP ha votado a favor de ocho suplicatorios, seis de los cuales afectaban a senadores populares.

A su juicio, "ha quedado claro una vez más que para el PSOE hay dos clases de justicia, la blanda y de ricos, que se aplica a sus altísimos cargos, y la normal que padecen el resto de ciudadanos".

Agregó el portavoz popular que "la sombra de Pepe Barrionuevo y la compra del silencio de cargos socialistas mediante trabas a la justicia ha planeado hoy sobre el Senado. Una vez más, Dios se ha acordado de su pueblo en el símil que utiliza Barrionuevo para que no salgan los secretos del PSOE", añadió.

Por su parte, el portavoz socialista, Juan José Laborda, en declaraciones a un grupo de periodistas, restó importancia a las críticas de su homólogo del PP y justificó la decisión en contra del suplicaorio por parte de su grupo en que "no tenía sentido, porque entendíamos que era fruto de una persecución política".

Al respecto, Laborda explicó que la denuncia fue interpuesta cuatro años después de producirse los hechos por el alcalde al que Goya y su grupo (el PSOE) sometió a una moción de censura.

ACCIDENTE LABORAL

Los hechos tuvieron lugar en 1994, cuando, siendo el senador socialista Manuel Goya Burgués alcalde de Quintanar de la Orden (Toledo), unas empleadas del ayuntamiento sufrieron u accidente mientras adecentaban la plaza de toros, a raiz del cual una de ellas padeció lesiones y posteriores secuelas.

El tribunal que juzgó los hechos condenó al concejal de Deportes y Obras a costear la indemnización a dicha trabajadora por las lesiones sufridas. Sin embargo, ese concejal, que en el momento de conocerse la sentencia se encontraba en paro, se declaró insolvente.

Fue entonces cuando el alcalde tomó la decisión, en primer lugar, de no recurrir el fallo judicial, con el fin de qu la trabajadora pudiera cobrar inmediatamente, y en segundo lugar, en vez de hacer responsable al concejal, instar al pleno municipal a hacerse cargo del pago de dicha indemnización.

Para ello, sometió a votación del pleno municipal una propuesta para que el consistorio se hiciera cargo de pagar la cantidad fijada por el juez, la cual fue refrendada por la mayoría de los ediles.

Al respecto, Laborda apuntó que "la decisión la había adoptado no sólo el alcalde, sino la mayoría de la corporación, icluyendo algún concejal de la oposicion que votó en el mismo sentido que la mayoría".

El tribunal que juzgó los hechos, a raiz de la denuncia interpuesta por el alcalde al que el PSOE obligó a abandonar su puesto por medio de la mencionada moción de censura, consideró, no obstante, que el senador Manuel Goya había incurrido en un delito de prevaricación como responsable de adoptar una "decisión injusta".