La proposición señala que e registro se practicará siempre en presencia del secretario del juzgado o tribunal que lo hubiera autorizado, "sin que en ningún caso quepa delegación o habilitación en otros funcionarios".

Según el PP, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede demorarse más una vez que fue declarado inconstitucional el artículo 21.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permitía el registro domiciliario por la policía sin autorización judicial previa.

La proposición pretende reformar los artículos563 y 569 de la Ley de Enjuiciamiento, por la que un policía puede ser el encargado de extender el acta del registro con el visto bueno del juez.

El PP considera que si no se corrige el texto, quedaría abierto un resquicio "para soslayar en fraude de ley" la sentencia de inconstitucionalidad dictada contra el artículo de la "patada en la puerta" de la "Ley Corcuera".