Según los populares, el 80 por ciento de las pensiones alimenticias que los Juzgados de Familia decretan en a Comunidad de Madrid son impagadas o abonadas con notable retraso y la situación económica en la que quedan algunas familias tras la ruptura matrimonial es crítica.

"La legislación es muy escasa en este sentido y muchas personas aprovechan en beneficio propio esta laguna legal", explicó el diputado popular Pedro Muñoz Abrines, "Más allá de las normas que actuen sobre el que incumpla sus obligaciones judiciales, el Estado tiene que garantizar los derechos de los más débiles que, en este caso, son los ijos de los padres separados", agregó.

Muñoz Abrines aseguró que mecanismos similares ya funcionan en países europeos como Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Alemania, y están empezándose a aplicar en otros. Además, una resolución del Parlamento Europeo de 1979 urgía a los países miembros de la CE a que los respectivos gobiernos adelantaran los débitos en concepto de pensión de padres separados a sus hijos.

"Entre las pensiones que no se pagan, las que se pagan sólo en parte y las abonadas con consderables retrasos, los incumplimientos se elevan a casi un 80 por ciento del total, cifra que supera con mucho el porcentaje que se da en otros países europeos, que no pasa del 35 por ciento", informó Pedro Muñoz.

El diputado popular finalizó diciendo que "la magnitud del problema es tal que urge que el Gobierno ponga en marcha una iniciativa como el Fondo de Garantía, adelantando un dinero para cuyo reembolso el Estado puede emplear numerosos recursos coercitivos".