En la exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Servimedia, el PP recuerda que el Tercer Sector de Acción Social en España está integrado por más de 30.000 organizaciones, que ocho de cada diez organizaciones cuentan con personas voluntarias en sus estructuras, lo que suma un total de 1.300.000 personas voluntarias, que da empleo a cerca de 645.000 personas, el 4,6% del total del empleo en el país, y representa el 1,5% del PIB.

“La actividad del Tercer Sector de Acción Social, de sus organizaciones y de las personas que lo componen, nace del compromiso con los derechos humanos y descansa en los valores de la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación”, abundó el grupo parlamentario, convencido de que el ejercicio de estos valores “conduce a un desarrollo social equilibrado, a la cohesión social y a un modelo de organización en el que la actividad económica está al servicio de la ciudadanía”.

En este contexto, consideró que la aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre del Tercer Sector, por un gobierno del Partido Popular, supuso “un gran avance” para las organizaciones sociales articuladas en el Tercer Sector de Acción Social en España, al entender que es “una ley pionera, con valor político e institucional y con mucho valor declarativo” que “reconocía” el “importante trabajo” que realizan las entidades sociales.

“Por primera vez, España se ha dotado de un marco normativo que ampara a todas aquellas organizaciones que luchan por defender los derechos humanos y atender las necesidades de más de cinco millones de personas en situación de exclusión social”, advirtió, para lamentar que el cambio en el Gobierno central tras la moción de censura a Mariano Rajoy “impidió” que el Ejecutivo que “impulsó” dicha ley “pudiera desarrollarla”.

SEIS AÑOS DESPUÉS, SIN DESPLEGAR

En este punto, afeó que, “seis años después”, el Gobierno actual, cuyo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha fijado entre sus objetivos el desarrollo de dicha ley, “aún no ha aprobado ni el reconocimiento a las ONG con el estatus de entidades colaboradoras de la administración general, ni ha desarrollado el Inventario de Entidades del Tercer Sector de Acción Social para conocer cuál es su capacidad de incidencia y localización, ni tampoco ha desarrollado completamente el programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social”.

“Un programa que debe contener diversas medidas”, subrayó, para, a continuación, citar algunas como la promoción, difusión y formación del Tercer Sector de Acción Social, su cooperación con los servicios públicos estatales, su financiación, la potenciación de los mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, con “especial atención” al uso de conciertos y convenios, así como la participación institucional.

Todo ello, indicó, con el fin de “garantizar” el “reforzamiento” del “papel” de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en las políticas sociales, “diseñadas y aplicadas en beneficio de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social”.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta PNL por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en su totalidad y en el plazo de seis meses, la Ley 43/2015, de 9 de octubre del Tercer Sector para que se traduzca en concreciones y avances para las entidades del Tercer Sector de Acción Social.