Según informó este miércoles el PP, en el recurso de alega que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece como contratos menores los que tienen un valor inferior a 15.000 euros y recoge, en su artículo 99.2, que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

En este sentido, el PP resalta que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación determinó que “si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes habrá fraccionamiento indebido”, y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado fijó que para que un contrato sea calificado como menor “no debe ser modificado de forma fraudulenta y el contratista no debe haber suscrito más contratos menores que superen el umbral establecido”.

En este caso, indica el PP, “es evidente la unidad funcional de todos ellos, dado que el servicio de interpretación que se adjudica es el mismo y todos contienen idénticas condiciones de ejecución; es decir, corresponden a una misma finalidad técnica y económica, por lo que deberían haberse tramitado en un único procedimiento que hubiera podido, en su caso, dividirse en lotes, pero se ha utilizado la contratación menor, en fraude de ley”.

Por ello, el PP considera que los 12 contratos firmados, cada uno de ellos por un valor de 14.999,99 euros -un céntimo menos del límite fijado en la LCSP-, se tramitaron como contrato menor para poder llevarlos a cabo “eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación y vulnerando con ello los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que debe regir en la contratación pública”.

De esta manera, el PP dice que “se perjudican de forma grave los intereses generales” porque se impide encontrar una forma de prestación del servicio que sea lo más beneficiosa económicamente posible para el erario público, y se impide que otras empresas o intérpretes puedan acceder a prestar dichos servicios, eliminando la libre competencia y llevando a cabo una selección de los adjudicatarios “al margen de cualquier criterio de objetividad y transparencia”.

Así las cosas, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo solicita la anulación de la adjudicación, declarando la nulidad de los contratos suscritos, así como la suspensión de la ejecución de los contratos recurridos hasta la resolución del presente recurso.

Asimismo, si la Mesa considera que no puede llevar a cabo dicha anulación directamente porque la competencia para resolver correspondería al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales por exceder de la cuantía de 100.000 euros, se solicita que se tenga por interpuesto recurso especial en materia de contratación frente a los mismos, dando traslado al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales a los efectos precedentes.