Así lo anunció el diputado del PP Juan Antonio Callejas en el Pleno del Congreso, donde se debatieron las enmiendas a la totalidad presentadas por los independentistas catalanes a este proyecto legal sobre seguridad nacional que el Ejecutivo planteó el pasado mes de febrero.

La posición de los populares permitirá que el proyecto de ley del Gobierno siga su tramitación parlamentaria, a pesar de que la posición contra la reforma de ERC y Junts fue secundada por PNV, EH Bildu y la CUP, mientras también rechazaron dar su respaldo al Ejecutivo, aunque por distintas razones, Vox y Ciudadanos.

El rechazo de la mayoría de fuerzas políticas a la norma planteada por el Gabinete de Pedro Sánchez se produjo pese a que el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó este jueves que se trataba de una “modificación puntual y específica” de la ley de 2015 que buscaba “mejorar las capacidades del Estado para hacer frente a cualquier crisis”. Añadió que no había “menoscabo alguno” de las competencias autonómicas y que la contribución personal en situaciones de emergencia era un desarrollo de lo que contempla la norma en vigor.

“NO ROTUNDO”

Según explicó el Gobierno en febrero pasado, al presentar este proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se busca que en caso de crisis haya una movilización de recursos “eficiente e integrada”. Para ello se introducen medidas como crear un Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional o regular la participación del sector privado en este aspecto, al tiempo que se desarrolla en lo referido a los ciudadanos.

A este respecto, el diputado del PP señaló que, a pesar de todo lo ocurrido con el 'caso Pegasus' y el cese de Paz Esteban como directora del CNI, los populares votarían en contra de las enmiendas a la totalidad de ERC y Junts. Sin embargo, advirtió de que esta posición no era un “cheque en blanco” y de que negociarán “artículo por artículo” de la ley, ya que se oponen a cuestiones de en caso de crisis se puedan intervenir los bienes de los ciudadanos sin una contrapartida económica.

Esta posición de los populares no fue secundada por los diputados de Vox Javier Ortega Smith y de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, ya que defendieron que no podían respaldar al Ejecutivo debido a su trayectoria y a lo ocurrido con el 'caso Pegasus'. Así, Ortega Smith dijo que no podían apoyar a un Gobierno “desleal”, mientras que Gutierréz expresó su “no rotundo” a un Ejecutivo que permite que “enemigos del Estado” como los independentistas accedan a secretos del país.

Por su parte, Ismael Cortés, en nombre de Unidas Podemos, apuntó que su grupo facilitaría la tramitación del proyecto de ley porque “atomizar” la respuesta en casos de crisis de seguridad era un “grave riesgo” y porque era necesaria la “cooperación” entre administraciones. No obstante, este diputado compartió con los partidos nacionalistas la necesidad de que una comisión de investigación del Congreso aclare los casos de espionaje con el programa Pegasus

“155 ENCUBIERTO”

Por su parte, Míriam Nogueras, al defender la enmienda a la totalidad de Junts, sostuvo que ley que planteaba el Gobierno “fulmina” competencias de la Generalitat catalana. Añadió que los socialistas dan “mucho miedo” con iniciativas legislativas como esta y sostuvo que se sigue considerando al independentismo como un “problema de seguridad nacional”.

A su vez, Monserrat Bassa, de ERC, afirmó que tanto la Ley de Seguridad Nacional de 2015 como la reforma que planteada ahora el Gabinete de Sánchez eran un “un 155 encubierto”. También acusó los socialistas de comprar el “marco mental” de la derecha en materia de seguridad y de haber dado “una vuelta de tuerca más” a la legislación existente.

Además, Jon Iñarritu, de EH Bildu, señaló que la reforma planteada por el Gobierno era una especie de “Loapa securitaria” y criticó su “impulso centralizador”. A su vez, Mikel Legarda, del PNV, dijo que la norma no aseguraba la participación adecuada de las autonomías en casos de crisis y Mireia Vehí, de la CUP, señaló que no entendía cómo se continuaba con la tramitación de esta ley cuando todavía no se ha aclarado el 'caso Pegasus'.