En una rueda de prensa, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirmó que esta regulación da “un trato injusto” a la comunidad científica y lamentó que se ha aprobado sin “ningún tipo de diálogo”. En este sentido, advirtió de que la nueva legislación exige a estos profesionales “pagos de en torno a 17.000 euros” para “cubrir cinco años” de cotización y tener unas pensiones “dignas”.

La oposición defiende que, en primer lugar, la orden debe paralizarse y, como segunda medida, se debe convocar una comisión de diálogo con los representantes de las asociaciones científicas y de investigadores “para abordar esta situación y buscar una futura regularización” acorde a “las necesidades” y “expectativas” de un “sector clave para el desarrollo y futuro” de España.

Así las cosas, Gamarra anunció que el PP buscará “una fórmula” que se llevará a sede parlamentaria “para cubrir ese vacío injusto”. Esta iniciativa pasará por “ampliar el plazo”, que se ha establecido de 5 años, y garantizar que sea justa para todos realizando un “análisis de las aportaciones que se puedan llevar a cabo desde los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo”.

“No es de recibo es que estos miles de becarios, que son investigadores y son científicos, tengan que ver cómo el presidente del Gobierno coloca a sus amigos, pero, sin embargo, las órdenes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, lo que hacen no es darles una solución, si no es promover una penalización”, denunció.