También denunciará las filtraciones el PP de la Comunidad Valenciana, en tanto que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presentará una querella por la conculcación de su derecho al honor. Ambas, con el "total respaldo" del partido", y sin descartar ulteriores acciones legales.

Cospedal anunció que la decisión se ha tomado en la reunión de la Ejecutiva popular, y apuntó directamente a la "Policía judicial" y el "Ministerio fiscal" como las instancias a quienes les está asignado el "deber de custodia" de los registros policiales. Puesto que ambos son dependientes del Ministerio del Interior, el PP pedirá las comparecencias del ministro del Interior y el de Justicia en el Congreso de los Diputados.

La dirigente popular dijo que "el PP se siente gravemente indefenso" ante el comportamiento de "quienes deberían garantizar la igualdad de los españoles". Además, afirmó que "no se puede consentir que se utilicen actuaciones policiales de forma partidista para perjudicar a un ciudadano".

A preguntas de los periodistas, Cospedal insistió varias veces en su voluntad de que "la Justicia siga su curso", y "que actúe lo antes posible", pero "también contra quienes, en vez de velar por la seguridad y la libertad de todos, realizan filtraciones de forma interesada o partidista".

Cospedal recordó que la Constitución dejó sentado que "todos los derechos han de ejercerse respetando los derechos de los demás", y en este sentido declaró que el derecho a la información y la libertad de expresión no puede cobijar vulneraciones de derechos como el del "honor" y el del "secreto de las comunicaciones".

La secretaria general del PP no quiso pronunciarse sobre el contenido de las conversaciones filtradas ni sobre el hecho de que los 17 jueces por los que han pasado hayan avalado los argumentos de su partido. Sin embargo, alegó que, "con independencia de que luego haya personas que hayan podido cometer irregularidades", las filtraciones del caso "vulneran principios del Estado de Derecho y crean indefensión".