En una nota de prensa de tres puntos, el partido de José María Aznar justifica su decisión en la necesidad de "salir al paso de la polémica surgida a partir de la interesada interpretación del PSOE en Andalucía" respecto a esa prerrogativa legal.

Primero, el PP "insta" a todos sus cargos públicos a renunciar "con carácter general, al amparo legal que permite "la exención fiscal discutida.

"Como consecuencia de lo anterior", dice el segundo punto, "(el PP) propone a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado que, desde esta fecha, soliciten a las Cortes generales que procedan a practicar retención del IRPF sobre el concepto `indemnización por el ejercicio de la función de diputado y senador', que desde 1977 estaba exento de la misma".

Con idéntico criterio deberán actuar los grupos parlamentarios autonómicos, provinciales y locales "con cualquier clase de percepción instiucional".

Asimismo, concluye la nota, el PP encomienda a sus grupos parlamentarios del Congreso y el Senado la presentación de las oportunas iniciativas legislativas para anular la normativa que permite las exenciones objeto de polémica.