El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó iniciar la tramitación de una proposición de ley para mdificar en este sentido el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que contó con el apoyo de IU, PNV y el Grupo Mixto, aunque todos ellos abogaron por una reforma más global que cambie el sistema de nombramiento para que esta facultad no corresponda al Gobierno.

EL PSOE quiere evitar con esta iniciativa que el fiscal general obstaculice las acciones judiciales de las que pueden derivarse responsabilidades penales del Gobierno, en casos como Gescartera, Ercros o Formentera, por lo que pide que la comptencia que ahora corresponde a Jesús Cardenal pase en estos supuestos al Consejo Fiscal.

El portavoz de Justicia del PSOE, Javier Barrero, argumentó que "una sociedad democrática no resiste la visión de un fiscal general del Estado obstruyendo" la actuación de la justicia, por lo que pidió al resto de los grupos que apoyen un trámite parlamentario en el que se pueda "enriquecer" una propuesta que considera "imprescindible".

JUSTICIA PARA LOS PODEROSOS

De este modo, el PSOE pretende combatir la preciación por parte de la ciudadanía de que existen dos tipos de justicia, una "para los más poderosos" y otra distinta para el resto, algo que "desmoraliza" a los ciudadanos.

A su juicio, es necesario evitar que "una institución de estas características tenga sobre sí la sospecha" de parcialidad, y recalcó que es preciso que el fiscal general del Estado lo sea "de todos, que luche por la legalidad, por los derechos de los ciudadanos, y que aleje la sospecha de impunidad del Gobierno" para que "todosseamos iguales ante la ley".

En nombre de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón mostró su apoyo a esta iniciativa, a pesar de considerarla "insatisfactoria", porque "el problema no estriba en el régimen de incompatibilidades, sino en la forma de nombrar al fiscal general del Estado".

Criticó que los gobiernos socialistas y populares se han dedicado a nombrar fiscales generales del Estado "cada cual más sumiso que el anterior", por lo que no es nuevo que estos cargos sean "especialmente dóciles" al mndo del Ejecutivo, debido a un sistema de nombramiento que les convierte en "títeres", una "instrumentalización" que "está haciendo mucho daño al Ministerio Fiscal".

En la misma línea, la portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, subrayó que desde que el PP llegó al Gobierno en 1996 hay una promesa de reforma global que evitaría este tipo de "parcheos", y reprochó al Ejecutivo no haber avanzado en este tema con la excusa de que es necesario esperar los dictámenes de los órganos consultivos, mientrs que "cuando el Gobierno lo quiere", en referencia a la Ley de Partidos, estos informes "se consiguen en un pis pas".

Francisco Rodríguez, diputado del BNG integrado en el Grupo Mixto, denunció que Cardenal se ha "erigido como un defensor más de los miembros del EJecutivo", algo previsible con el sistema de nombramiento, que corresponde al Gobierno, por lo que apuntó que la propuesta socialista es un "pequeño parche en una rueda que se desinfla por todas partes", aunque servirá para mejorar la situacón actual, por lo que apoyó la iniciativa.

IMPARCIALIDAD EN ENTREDICHO

El diputado popular Leocadio Bueso resaltó que la propuesta del PSOE parte de la idea "no justificada" de que el Ministerio Fiscal no cumple los principios de legalidad e imparcialidad, con lo que "pone en entredicho" su actuación sin aportar "ningún dato" que corrobore esta afirmación.

Bueso acusó al PSOE de decir "verdades a medias", con afirmaciones "demagógicas", y recalcó que la sensación de que el fiscal general foment la impunidad del Gobierno "no existe más que en la mente del Grupo Socialista". Además, indicó que trasladar las competencias del fiscal general al Consejo Fiscal "desnaturaliza" este órgano asesor.

Por su parte, Manel Silva, responsable de Justicia del Grupo Catalán, se opuso a esta propuesta por considerar que "puede que sea una mala solución" al problema que se presenta resolver, además de presentar defectos de orden técnico y ser "incoherente", pues, si bien el fiscal general puede ser en cierto odo controlado por el Parlamento, el Consejo FIscal sólo responde "ante sus propios compañeros".