Fuentes de los populares vascos informaron a Servimedia de que el Comité de Dirección de este partido estudió hoy mismo uninforme, elaborado por la Ejecutiva de Relaciones Institucionales, en el que se analiza lo que ha venido sucediendo desde hace tres años con estas candidaturas vinculadas al partido de Arnaldo Otegi.

Este informe, elaborado a partir de documentación como actas municipales y fotografías, llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de la ilegalización de Batasuna, cierto número de alcaldes han permitido que candidaturas ilegalizadas siguiesen actuando en los consistorios.

Esto ha sucedido, según la investigación de los populares, en todo el País Vasco, aunque se ha producido de manera especial en Álava y en Guipúzcoa. En esta última provincia ha habido, incluso,ayuntamientos que no llegaron a constituirse en 2003.

MEDIDAS LEGALES

Las fuentes consultadas aseguraron que el Comité de Dirección de los populares vascos analizó hoy este informe y tiene pendiente decidir ahora si presenta una denuncia global en toda la comunidad vasca o proceder individualmente en cada uno de los casos.

Esta decisión dependerá de la respuesta que dé la Justicia vasca a denuncias puntuales que el PP ya ha presentado en casos como el del municipio alavés de Zuazo de Cuartango, donde el alcalde ha venido permitiendo la actuación de una candidatura electoral afín a Batasuna y anulada en su momento por el Tribunal Supremo.

Este informe de los populares vascos se conoce en un momento en el que el partido de Arnaldo Otegi busca su vuelta a la legalidad en el marco del proceso abierto con el alto el fuego declarado por ETA el pasado 22 de marzo.

En este sentido, el anuncio del Gobierno de que no se modificará la Ley de Partidos obliga a Batasuna a tomar alguna decisión si quiere ser reconocida de nuevo como una fuerza política legal. En este sentido, la formación "abertzale" puede optar por un cambio de estatutos o registrar por un nuevo partido.

El registro de la nueva formación debe hacerse en el Ministerio del Interior, que, tras analizar los estatutos que se le presenten, debe decidir si son conformes a la legalidad vigente.