El PP justifica sus enmiendas en el hecho de que con esa ley se suprimió el tipo penal de abuso, que quedó configurado también como agresión sexual, "por lo que las penas se redujeron para dar cabida a un amplio espectro de conductas de muy diversa entidad. Así, desde el tocamiento indeseado hasta la agresión sexual violenta, todas las conductas quedaron encuadradas en el delito de agresión sexual y castigadas con una pena de prisión de uno a cuatro años", lo que está provocando las rebajas de penas.

Por ello, las enmiendas del PP buscan "elevar nuevamente las penas hasta los límites anteriores a la última reforma y rectificar algunos errores generados por modificaciones sucesivas" del Código Penal.

Explica también el PP que otra enmienda pretende incluir nuevamente "la indemnidad sexual de los menores de edad" y lo justifica en que "la protección a los niños, niñas y adolescentes determina que su consentimiento para mantener relaciones sexuales con adultos no es válido cuando son menores de 16 años. Por tanto, no es posible hablar de su libertad sexual, por la falta de capacidad de decisión, sino de indemnidad, garantía del libre desarrollo de su personalidad".

Otras enmiendas buscan elevar las penas previstas en los artículos 178, 179, 180 y 181 ´"para establecerlas en los límites correspondientes a la redacción anterior a la introducida por la Ley Orgánica 10/2022", y se añade un nuevo precepto "que reintroduce la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de 18 años y mayores de 16, conducta que quedó destipificada en el Código Penal vigente (pena de prisión de 1 a 3 años y de 2 a 6 cuando se trate de violación), dejando fuera del ámbito de protección a los adolescentes frente a estas conductas cometidas por adultos".

Asimismo, el PP intenta con otra de sus emmiendas "corregir la destipificación de la distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de dieciséis años".

Finalmente, propone modificar la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, "para evitar que los menores de edad que cometan delitos de agresión sexual se vean perjudicados en la aplicación de las medidas de seguridad que, en su caso, les correspondan, en comparación con las penas aplicables a los adultos, en una evidente quiebra del principio de proporcionalidad que debe ser inmediatamente corregida".