En estos términos se pronunció en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección celebrado en la sede nacional del partido en Madrid, donde compareció para hacer una valoración de la mayoría absoluta lograda por el PP en Andalucía. Al ser preguntado por la investigación, afirmó que, “como en todos los procesos judiciales", en su partido serán “respetuosos” y observarán “en qué queda esa situación”.

Una juez de Andorra notificó el pasado martes a Rajoy y a los que fueran ministros de su gabinete Jorge Fernández Díaz (Interior) y Cristóbal Montoro (Hacienda) que les está investigando como consecuencia de una querella que denuncia presiones a directivos de la Banca Privada d'Andorra (BPA).

El motivo de estas presuntas coacciones sería conseguir información sobre las finanzas de varios políticos catalanes entre los que figuran Jordi Pujol y su familia, Artur Mas y Oriol Junqueras. Las pesquisas se enmarcan en una investigación sobre la llamada ‘operación Cataluña’ que tuvo su origen en una querella presentada en 2020 por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente de BPA Higini Cierco.

Por el momento, la juez número 2 de Andorra, Stéphanie García García, ha enviado varias comisiones rogatorias a los denunciados y les da 15 días para que elijan representación legal al tiempo que les advierte de que, de no hacerlo, se les designará un abogado de oficio, según informaron los denunciantes. La querella se presentó por delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental.

Además de Rajoy y sus dos ministros, la juez incluye también como investigados al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Díez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron. El único cargo policial que compareció ante las autoridades españolas a petición de Andorra fue el comisario Marcelino Martin-Blas.