Pese a que los dirigentes del PP se comprometieron a asumir el denominado "Pacto de la Solidaridad", al que se sumaron también el PSOE, Izquierda Unida, CiU y el PNV, el programa electoral sólo señala que el 0,7 por ciento del PIB para programas de desarrollo "se intentará alcanzar" en la próxima legislatura.

El Partido Popular insiste además en que los fondos de ayuda al desarrollo "no pueden radicarse sólo en los Presupustos Generales del Estado" y que las comunidades autónomas, los ayuntamientos e instituciones privadas deben asumir su parte de responsabilidad.

España es en la actualidad el penúltimo país de la OCDE en cuanto a fondos privados aportados a proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo.

Sobre la financiación privada, el PP ha planteado entre sus propuestas la reforma de la Ley de Mecenazgo, para facilitar la iniciativa social mediante incentivos fiscales a los programas privados de ayuda al desarrolo.

Frente a la política de cooperación del Partido Socialista, que considera a cualquier país subdesarrollado como potencial receptor de ayudas, el PP propone la concentración del esfuerzo financiero en un número limitado de países, dando preferencia a los de Latinoamérica y de la zona del Magreb.

El PP defiende también en su programa los principios aprobados en la Conferencia de Copenhagen, que priman la ayuda a proyectos de infraestructuras básicas, como sanidad, educación, potabilización, asisencia social e integración de la mujer.