Los populares pretenden que el Gobierno del socialista Joaquín Leguina explique las presuntas irregularidades puestas de manifiesto tras una información publicada el pasado sábado en el diario "El País".

Según el PP, de la información publicada se desprende la creación fraudulenta de la empresa Amper Telmática SA, con la única finalidad de despedir a cerca de 1.200 trabajadores que habían sido trasladados desde Amper SA a su filial.

La diputada reginal del PP Paloma García Romero señaló que "nos hemos encontrado en todo este entramado con la presencia de Antonio López García, miembro destacado de la Federación Socialista Madrileña, que fue nombrado presidente de Amper SA por Luis Solana en la época de su presidencia en Telefónica y que posteriormente fue nombrado presidente de Amper Telemática SA".

El Grupo Popular ha denunciado el presunto trato de favor que la Consejería de Política Territorial madrileña, a través de la empresa pública Tres Catos SA, otorgó a Amper SA, al haber vendido un terreno propiedad de la primera por 331 millones de pesetas, cuando once meses después la empresa compradora valoró dicho terreno en 2.086 millones de pesetas.

El PP asegura tener información suficiente que demuestra que con esta operación las arcas de la comunidad sufrieron una pérdida patrimonial de casi 1.000 millones de pesetas.

También denuncian que Amper, una vez adquirido el terreno, pidió una hipoteca de 1.072 millones a Telefonía y Finanzas A, empresa de Telefónica, "por lo que la relación entre Luis Solana y Antonio López queda demostrada una vez más", según la diputada García Romero.

La diputada popular continuó diciendo que es "sospechosa" la unión del Grupo Amper con IGS a través de la empresa Iniciativa Tres Cantos SA, que construyó chalés de lujo en este municipio. El PP se pregunta "por qué una empresa filial de Amper construye con IGS una nueva empresa (ITC), en la que aparecen Carlos Sotos y Paulino Barrabés, entre otros, y la dmicilian en la calle Orense 16 (sede de IGS)"

Según la citada información de "El País", la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo han paralizado la ayuda oficial al grupo Amper al dudar sobre la falta de patrimonio aducida por la empresa para no responder a las indemnizaciones por el despido de 294 trabajadores de su filial.

El PP exige al grupo de empresas el pago inmediato de las indenmizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos, "ya que cuentan con activos y beneficios durnte este años suficientes para hacer frente a los mismos".