En la reunión, según dicha nota, "se han constatado los criterios erráticos que han llevado a la quiebra de una trayectoria de décadas y se ha denunciado la ineficacia del Ejecutivo que ha derivado en la ausencia total de una política de aguas".

A juicio del PP, la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que incluía el polémico trasvase del Ebro, "ha dado lugar a un efecto dominó por el que se están descomponiendo situaciones ya resueltas de manera pacífica y se está perdiendo la confianza mutua entre usuarios y Administración".

El PP sostiene que "se está produciendo un retroceso de treinta años, que nos retrotrae al periodo previo a la reforma de legislación de aguas y la planificación hidrológica".

Los populares defienden un modelo basado en la Constitución, los Estatutos y la vigente Ley de Aguas. "El modelo organizativo y el reparto competencial son los allí establecidos, y las competencias estatales han de ejercerse mediante los Organismos de cuenca, para lo que habrán de ser debidamente reformados. Todas las polémicas sobre apropiaciones de cuencas, reservas de caudales, blindajes de ríos, caducidades, etc. han de ser analizadas y valoradas bajo esta gran perspectiva global", añade la nota.

El PP sostiene que, "sin perjuicio del carácter colectivo de las aguas de todos, es razonable que las cuencas hidrográficas tengan una preferencia para su uso siempre manteniendo el principio de solidaridad interterritorial".

Los problemas de fondo de los depende una buena política de aguas -Administración hidráulica, degradación ambiental, sobreexplotación de aguas subterráneas, escasez estructural, financiación y costes- "siguen intactos y la crispación crece", concluye el PP.