La iniciativa de socialistas y nacionalistas catalanes pedía que se incrementaran los recursos financieros destinados a programas de acción contra las minas antipersonales, que se apoye a las ONG que trabajan con las víctimas de estas armas y que se hagan gestiones internacionales para lograr que nuevos países ratifiquen el Tratado de Otawa, que prohíbe totalmente la comercialización, uso y almacenaje de minas.

El dipuado popular Manuel Campoy argumentó el rechazo a esta proposición en que sí se está destinando dinero suficiente a los programas internacionales de desminado y también de asistencia a los afectados por las minas.

Campoy destacó la importancia de la labor del Centro Internacional de Desminado que las Fuerzas Armadas tienen en Hoyo de Manzanares y que España ha firmado numerosos convenios bilaterales para este fin.

Para el diputado del PP, la proposición de PSOE y CiU es "bienintencionada", pero "nda realista, inconcreta y excesivamente ambiciosa", además de "extralimitarse en las competencias del Estado español".