La Diputación debatió la convocatoria de la Comisión de Justicia e Interior para que el ministro Jaime Mayor Oreja explicara las circunstancias en las que fueron expulsados de Espaa los 36 inmigrantes ilegales interceptados en la localidad malagueña de Mijas, y "las razones de inacción" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante el incendio provocado de varias viviendas habitadas por miembros de la etnia gitana en Almoradí (Alicante).

Esta comparecencia había sido solicitada por los socialistas, el Grupo Parlamentario de IU y el Grupo Mixto. También pedían la convocatoria de la Comisión de Economía y Hacienda para que el presidente de la CNMV explicara la reapertur de la investigación sobre el supuesto uso de información privilegiada por parte del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, en la compra de opciones sobre acciones de la compañía.

Esta comparecencia también había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular que, sin embargo, considera que no reviste el carácter de urgencia necesario para hacer una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Economía con el fin de que comparezca Armesto.

La secretaria general del Grupo Parlamentari Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, denunció en el caso de las expulsiones de Mijas, la violación de un derecho fundamental como es el derecho a asistencia letrada a los inmigrantes ilegales, procediendo además a la pérdida de los principales testigos de un delito de tráfico ilegal de personas, con su expulsión.

Criticó la "interpretación abusiva" de la actual Ley de Extranjería que está haciendo el Gobierno para impedir la proliferación de solicitud de asilo político por parte de africaos provinientes de países en conflicto y exigió, en suma, la comparecencia inmediata de Mayor Oreja.

Además, reclamó la destitución del subdelegado del Gobierno por los sucesos "racistas y xenófobos" de Almoradí, en cuya génesis hay responsabilidades políticas.

Francisco Frutos, portavoz de IU, defendió el mantenimiento de la actual Ley de Extranjería y la participación de las comunidades autónomas en el Consejo Consultivo de Inmigración, tal y como pidió el presidente de la Generalitat de Caalunya, Jordi Pujol. Además, acusó al Gobierno de no estar comprometido con la defensa de los derechos fundamentales.

CiU expresó su preocupación por el problema de la inmigración y los sucesos de Mijas y Almoracid. Defendió la adopción de medidas en esta materia por consenso, pero, pese a ello, consideró que la comparecencia urgente del ministro de Interior no contribuirá a acelerar la solución de dicho problema.

Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Gil Lázaro, rechazó todas las acusacines de falta de respeto del Gobierno a los derechos fundamentales y recordó al PSOE varios procesos de expulsión sumarial de extranjeros bajo su mandato.

Igualmente, recordó que los responsables de los ataques a viviendas de algunos gitanos en Almoradí están detenidos y pidió que no se haga demagógia ni política partidista con estos hechos.

En cuanto a la comparecencia del presidente de la CNMV, el portavoz socialista, Luis Martínez Noval, reclamó su comparecencia porque él mismo la solicitó,porque el PP también tiene cursada una petición en este sentido y porque es el mejor modo de atajar el descrédito de la institución tras airearse las disputas internas en las sede de la Comisión. Esta arguemntación fue compartida por Gaspar Llamazares, de IU.

Por su parte, el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte, rechazó la comparecencia urgente de Fernández Armesto por entender que sólo será provechosa si se produce al término de la investigación que está en curso. Una tesis que compartió CiU,que hoy mismo presentó en el Registro del Congreso su propia petición de comparecencia del presidente de la CNMV.